En Menorca existen 3.500 unidades familiares que se acogen al bono social en la factura eléctrica, un descuento para hogares vulnerables al que pueden tener acceso más consumidores después de que en octubre el Gobierno ampliara los supuestos para tener acceso a esta tarifa.
El número de familias que cuentan con la rebaja de al menos el 25 por ciento en la factura de la luz corresponde al 7,7 por ciento de los contadores de domicilios de la Isla, un porcentaje que podría ascender a partir de abril, cuando finaliza el plazo para solicitar la renovación del descuento.
Con la modificación del Real Decreto sobre la aplicación del bono social de electricidad a los consumidores vulnerables se amplían los supuestos para pedirlo y la rebaja en la factura puede ser de hasta el 50 por ciento en caso de los consumidores en riesgo de exclusión social.
Las condiciones para solicitar el nuevo bono están basadas en criterios de renta y se establecen tres categorías de clientes que corresponden a tres descuentos diferentes, de 25, 40 y hasta 50 por ciento en el coste de la factura. La primera la pueden solicitar personas con rentas iguales o inferiores al índice de uso habitual para concesión de ayudas y subsidios (IPREM), jubilados con pensión mínima, familias con un miembro discapacitado, víctimas de violencia de género y cualquier tipo de familia numerosa. El segundo es para los considerados «clientes vulnerables severos», es decir, los mismos supuestos anteriores, pero con un nivel de renta más bajo, y el tercero es para los clientes en riesgo de exclusión social. En este último caso la eléctrica deberá tener constancia de que la familia está siendo atendida por los Servicios Sociales mediante el informe correspondiente para tener acceso a la rebaja en la factura.
Limitado al consumo
El cambio de las condiciones para acceder al descuento no sirve para cualquier compañía eléctrica. Solo los clientes de las comercializadoras de referencia, que funcionan con el Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), tienen derecho al bono social. Por norma general la potencia contratada no puede ser superior a los 10 kilovatios (kW). Este techo lo pueden superar los consumidores vulnerables en los siguientes casos: los pensionistas, con un consumo máximo de 1.680 kWh/año y las familias numerosas, con 3.600 kWh/año. En el caso de los demás consumidores depende de si tienen o no menores a su cargo, con lo cual el límite puede ir desde los 1.200 kWh/año, para las familias sin hijos, 1.680 kWh/año en las unidades familiares con un menor, y 2.040 kWh/año para quien tenga dos.
Las limitaciones establecidas en la normativa se suman a otras relacionadas con las costumbres de los consumidores que en la práctica les dificultan solicitar el descuento. Es el caso de quien vive de alquiler, y los suministros de la vivienda están dados de alta a nombre del propietario y no del arrendatario, una situación que no es excepcional y que pone trabas para pedir el descuento y otras ayudas, como explica la coordinadora de Servicios Sociales de Alaior Ana Martí.
La nueva normativa, aprobada en octubre, ampliaba el plazo para suspender el suministro de dos a cuatro meses en el caso de consumidores vulnerables. Esto no afecta significativamente a Menorca, donde las administraciones municipales llegaron a un acuerdo con Endesa para impedir los cortes de suministros por impago. El año pasado la comercializadora frenó 474 cortes después de recibir la solicitud correspondiente de Servicios Sociales y ningún hogar menorquín se quedó sin luz por no poder pagar las facturas atrasadas.
Los consumidores que deseen solicitar la tarifa social pueden presentar directamente la solicitud a la compañía eléctrica por teléfono, por email, por web o físicamente en la oficina de la comercializadora, que en el caso de Menorca es Endesa.