El equipo de gobierno del Consell cuenta ya con el avance de la revisión del Plan Territorial Insular, herramienta que marca el punto de partida a un proceso participativo, político y administrativo que debe culminar con la redacción y aprobación del documento que se prevé tener resuelto a mediados de 2019. En su apartado de diagnóstico, el avance realizado por Ezquiaga Arquitectos da por correcto el modelo del PTI en vigor, aunque abre posibles líneas de mejora. Para ello plantea una serie de propuestas que, según afirmaron, reiteraron y demostraron los representantes del equipo de gobierno, son muy genéricas, para perfilarse durante los próximos meses.
Una novedad es que el PTI pasará a limitar el número de amarres y fondeos en el litoral menorquín. La presidenta Susana Mora comentó al respecto que era un objetivo que en su día se trasladó a un hipotético plan insular de costa, pero como este no se ha llegado a elaborar, se pretende recoger en la revisión del PTI, con la intención de «ordenar», como matizaron luego in voce tanto Mora como la vicepresidenta Maite Salord, esta práctica vinculada a la náutica recreativa que se convierte en intensiva y en algunos puntos abusiva durante la temporada alta. Esta novedad se enmarca en el apartado de la regulación de los accesos a las playas, que contempla además los autobuses lanzadera o la limitación de los aparcamientos.
En cuanto a la ordenación turística, el avance considera adecuada la capacidad máxima de plazas establecida en el PTI en vigor. Todavía no se ha agotado y la propuesta es mantenerla. Mora explicó que el objetivo en este campo no es generar capacidad para más turistas sino distribuirlos a lo largo del año, es decir, mantener plazas, aprovechar el tirón, para contribuir a la anhelada desestacionalización, «la lógica nos indica que aumentar la capacidad no puede ser un objetivo». Sobre el alquiler turístico vacacional, se contempla la introdución de techos de plazas «para este uso excepcional».
El debate del rústico
A menudo el debate en torno al PTI se centra en el sector rural y las construcciones que pertenecen a él. En este caso, las propuestas no van más allá de la generalidad del «equilibrio entre la actividad agraria y la turística». Es uno de los aspectos del PTI en los que se percibe margen para la mejora, con la intención de preservar la supervivencia efectiva de determinados edificios. En palabras de Mora, «se debe adaptar a la realidad actual».
Otro aspecto susceptible de mejora es la agilidad en la tramitación de determinados elementos de ordenación territorial. Por ejemplo, se establecen dos niveles de ANEI que conllevarán una mayor facilidad para elaborar planes especiales. «Su desarrollo es ahora uno de los problemas detectados», explicó la presidenta del Consell. A decir del equipo de gobierno, esto no altera un ápice su nivel y condiciones de protección. El Parc Natural de S'Albufera des Grau dejará de ser ANEI para pasar a ser una categoría propia.
Los recursos hídricos y las energías renovables son elementos que ganan mucho peso con la revisión del PTI. En el primer aspecto el Consell no es competente, pero se establecen unas directrices dirigidas a reducir la extracción de los acuíferos para dar acogida a las políticas que se puedan realizar en este sentido por parte de otras administraciones. En cuanto a las energías renovables, se propone definir localizaciones de espacios aptos para futuras instalaciones de este tipo y el establecimiento de criterios para evaluar su impacto. «Se necesita dar un paso importante», comentó Mora.