«Que revisen e investiguen lo que quieran, estamos muy tranquilos». Así de contundente se expresaba el expresidente del Consell, Santiago Tadeo, tras conocer las declaraciones del GOB sobre las obras de la carretera general. Tadeo agrega que ante estas «acusaciones infundadas meditamos emprender acciones legales contra el presidente de la entidad y contra quien ha hecho las declaraciones».
Además, agrega que si el Consell abre una comisión de investigación sobre la actuación del PP en el tramo Maó-Alaior, «también pediremos que lo hagan con el proceso de Cesgarden, así como con la rescisión del contrato a la constructora de este mismo tramo de la 'general' en base a unos informes dudosos».
Santiago Tadeo ahonda en que es al equipo de gobierno actual «a quien podríamos pedir responsabilidades penales y civiles» tras rescindir un contrato que estaba licitado y adjudicado con todos los informes favorables y a los dos años y medio de gobernar aún no saben qué hacer», asevera y agrega que «tenemos la carretera paralizada, esto cuesta dinero a todos los menorquines, aquí sí se puede investigar si ha habido malversación de fondos».
Y lamenta que quieran ahora sembrar dudas sin ningún tipo de fundamento. Cierra filas con quien fuera el conseller de Movilidad, Luis Alejandre, al exigir que «no pongan en duda su honorabilidad».
Con respecto a la contratación de dos abogados, Tadeo indica que «era un tema muy importante para el Consell y se ha demostrado que fue una decisión acertada porque el GOB perdió». Y agrega que en cuanto al procurador, todos los equipos de gobierno anteriores al suyo «siempre han optado por procuradores y juristas externos».
Por otra parte, en cuanto a las acusaciones de relaciones dudosas y sospechosas, Tadeo asevera que «todos los contratos están fiscalizados, todos los trabajos estaban avalados por los informes jurídicos del Consell».
Por su parte, la presidenta del PP, Misericordia Sugrañes, cargó este viernes duramente contra «la pinza GOB-tripartito que vende humo para desviar la atención ante la paralización del tramo Maó-Alaior y el malestar por la catalanización, el alquiler turístico y las escoletes». Agrega que «tenemos una carretera más insegura que nunca, sin fecha y unas elecciones a la vuelta de la esquina para las que no habrán hecho nada en este tramo». Pide al conseller Preto «que se preocupe más por la seguridad de la carretera que por aparecer en una protesta injustificada y desmesurada» y al GOB «que en vez de montar shows propagandísticos se dedique a promover energías renovables y gestión de residuos».