La paralización de las obras de la carretera general entre Maó y Alaior acabará de una u otra forma en los tribunales. Un día después de que el Consell anunciara una investigación por los pagos que el gobierno anterior efectuó a los abogados, procuradores y asesores que intervinieron en el proyecto, el Partido Popular anunció que se querellará contra el actual equipo de gobierno por un posible delito de malversación de fondos públicos. El motivo, el coste que supuso la rescisión de un contrato que, según recuerda, contaba «con todos los informes favorables».
Los populares quisieron subrayar que esta querella se dirigirá contra todos los consellers del equipo de gobierno. A principios de 2016, el tripartito formado por PSOE, Més per Menorca y Podemos alcanzó un acuerdo con las constructoras Antonio Gomila y Dragados para la rescisión del contrato de las obras de mejora de este tramo de la carretera, que desde entonces están paralizadas. Según se explicó en ese momento, el acuerdo evitó el pago de una indemnización, aunque se reconoció la existencia de gastos realizados por la UTE y trabajos efectuados fuera del contrato, así como la necesidad de colocar una nueva señalización temporal por motivos de seguridad, que en total supuso un gasto para las arcas públicas de 438.554 euros.
Lo peor de lo peor valerse del gran perjuicio social parando modificacando y proyectando una carretera absoleta una verdadera “castaña pilonga” por una poltrona con propaganda política, es lo mismo que robarnos el dinero y tiempo además jugando con nuestra seguridad. Hay que perseguir los responsables.