Pedro Monjo, el abogado contratado por el Consell junto a Juan Manuel Lafuente para responder al contencioso del GOB para parar las obras de la carretera general, ha afirmado que los honorarios que cobraron los dos letrados ascendieron a 20.500 euros, por debajo de los 36.000 presupuestados y aprobados por el Consell, y muy por debajo de los 150.000 que podrían haber percibido «por las normas históricas de mínimos, ahora no vigente, del Colegio de Abogados de Balears». Esta cifra se estima sobre la cuantía de la demanda, que el GOB consideró que era indeterminada pero que el Juzgado la fijó en 10.718.799 de euros, el presupuesto de la reforma del tramo Maó-Alaior. Pedro Monjo considera que el GOB ha «orquestado una campaña de desinformación y de acoso a los dirigentes del anterior Consell».
En una nota donde especifica el detalle de las facturas que presentó valora que «los abogados hemos sido mucho más que moderados y prudentes en nuestros honorarios y no merecedores de verse involucrados en esta campaña de desprestigio». Monjo indica que el conseller Luis Alejandre les pidió que el presupuesto no fuera muy elevado.
Además informa que Juan Manuel Lafuente dejó la asistencia jurídica al Consell cuando fue elegido diputado autonómico por incompatibilidad. Y añade que ambos renunciaron a facturar una serie de trabajos que habían llevado a cabo.
Los honorarios fueron recurridos por el GOB para que se circunscribieran a la oposición a la medida cautelar de parar las obras y no a la contestación de la demanda. El juzgado desestimó el recurso mientras el Colegio de Abogados entendió que debían ajustarse a 7.500 euros.