Mañana se cumplen tres meses desde que el PP anunciara una querella contra todos los consellers del equipo de gobierno del Consell por la rescisión, a principios de 2016, del contrato a la adjudicataria de las obras del tramo de la carretera general de Maó a Alaior, y la posterior paralización de la reforma.
Veía un posible delito de malversación de fondos públicos, y fue la respuesta automática al anuncio por parte del Consell de que investigaría los pagos efectuados en el anterior mandato a los abogados, procuradores y asesores (114.000 euros), en un pleito contra el GOB, también por las obras de la carretera.
Tres meses después, el PP todavía no ha presentado la querella ante los tribunales. Los populares aseguran que los servicios jurídicos del partido siguen analizándolo, y atribuyen la demora a la petición de información al Consell.
Por su parte, el conseller insular de Movilidad, Miquel Preto no entra a valorar el recorrido de una eventual querella e insta al PP a «hacer lo que considere más oportuno; cuando la presente ya la valoraremos y al final serán los tribunales los que resolverán».
De Alaior a Es Migjorn
Otra querella del que no se ha sabido nada más fue la que la presidenta del PP y alcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes anunció en octubre contra Maria Camps y Anselm Barber de Junts per Lô, por difamación, al acusarla de «connivencia» con el proyecto de Meliá en Son Bou.
En Maó, los servicios jurídicos del PP también analizaron si presentaban algún tipo de recurso ante los juzgados por el nuevo reglamento lingüístico, al entender que es «inconstitucional» y «va en contra del Estatut», porque hace prevalecer una lengua oficial (la catalana) por encima de otra (la castellana). En este caso, el PP ha optado por elevar la cuestión al Defensor del Pueblo. Ayer mismo Águeda Reynés registró la queja.
Las querellas del PP que sí han prosperado, de momento, son las que ha presentado en Es Migjorn, precisamente en contra de su ahora socio de gobierno, el alcalde Pere Moll. El PP ha presentado hasta cuatro denuncias, alguna de las cuales fue archivada (y recurrida), como la de las obras de los apartamentos del marido de Elena Baquero. La que está más avanzada en fase de instrucción es la del caso de las multas, por la cual Pere Moll está imputado por prevaricación.