Ara Maó considera que la decisión del PP de presentar una queja al Defensor del Pueblo en relación al reglamento de usos lingüísticos del Ayuntamiento obedece a «una dinámica de estrategia de ámbito estatal» que responde al hecho que «la deriva de las tesis supremacistas castellanistas se imponen en un clima, el estatal, que reclamaría más concordia y menos tensión». Ante esto, «la derecha de Maó ha decidido entrar en este bucle, y hace más caso a los diarios españoles que a la realidad lingüística y legal del territorio».
La agrupación mahonesa asegura que el PP no acude directamente a los tribunales porque «sabe que en el Tribunal Constitucional hay jurisprudencia que avala las políticas lingüísticas», al mismo tiempo que recuerda que el Ayuntamiento de Maó aplica los criterios de la Ley de Normalización Lingüística «aprobada por el PP y por unanimidad hace ya más de treinta años». «La derecha más extrema dinamita el acuerdo social y político que impregna la legislación lingüística», añade Ara Maó.
Defiende en un comunicado que el reglamento de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Maó reconoce el derecho de todas las personas a conocer la lengua catalana y a usarla, sin que nadie pueda ser discriminado por causa del idioma. Considera que esta normativa viene avalada por el Constitucional, el Estatut d'Autonomia, la ley y los estudios sociolingüísticos.