El Consell, en colaboración con la Guardia Civil, aumentó el año pasado el número de expedientes sancionadores a restaurantes y comercios por infracciones relacionadas con la tenencia y comercialización de pescado obtenido de forma furtiva. Así las cosas, durante 2017 se tramitaron 21 actas de inspección, llegándose a imponer sanciones de hasta 9.600 euros.
Desde el Consell exponen que la pesca recreativa es una práctica extendida y que puede ser compatible con la preservación de los recursos existentes. No obstante, un ánimo de lucro elevado lleva a algunos pescadores a realizar una práctica abusiva. La responsabilidad en estos casos recae tanto en el pescador que vende las capturas como en el empresario que las compra.
Las organizaciones profesionales relacionadas con la pesca, a través de las tres cofradías de pescadores, así como las que acogen a distintos tipos de aficionados, como es el caso de Tots Pescam o Amesub, han reiterado en diversas ocasiones al Consell que acometa la erradicación de la pesca ilegal.
Por este motivo, el Consell ha iniciado la contratación de un servicio de asistencia técnica para realizar una campaña informativa dirigida al sector de la pesca no profesional. El objetivo de esta iniciativa es informar personalmente a los pescadores recreativos sobre la normativa existente y ofrecerles recomendaciones para realizar una actividad adecuada. Se recogerán sus opiniones y se obtendrán datos para la confección de un informe sobre esta actividad.
El trabajo de información está previsto que se realice entre el 1 de junio y el 15 de septiembre en el conjunto del litoral de la Isla. El contrato en cuestión se plantea con un presupuesto máximo de 6.000 euros.