Las seis entidades que alertaron del impacto que el puente de la carretera general a su paso por Rafal Rubí produce sobre las dos navetas ubicadas en las proximidades muestran su apoyo al informe externo encargado por el Consell, «ya que hasta ahora no se ha afrontado el problema en todas sus dimensiones». Piden la modificación del proyecto sin menoscabar la seguridad viaria y con respeto al paisaje, «ya que no son incompatibles el uno con el otro», señala el escrito firmado por los representantes del IME, Ateneu, Coaib, GOB, Museu de Menorca y Colegio de Arqueólogos.
La propuesta defiende un enlace que no sobresalga del nivel de la base del yacimiento arqueológico en el punto más elevado de la estructura, lo que implica necesariamente la demolición. Antepone el criterio del paisaje cultural frente a la construcción de «una estructura que rompe la relación dominante que siempre han tenido los monumentos megalíticos».
Reconocen implícitamente que, tal como señala el informe interno del Consell, la normativa que ampara su idea es anticuada o poco precisa respecto al caso, aunque toda ella va dirigida hacia la prevalencia de los bienes culturales cuando se plantea. Fundamentan esa opinión en la Ley 12/98 del Patrimonio Histórico de Balears, que regula los criterios de intervención y señala (art. 41) que los entornos de protección de los bienes inmuebles de interés cultural «no podrán alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien».