La secretaria y la interventora municipal de Ciutadella han vuelto a advertir este año al Ayuntamiento que las tres contrataciones directas para adjudicar el servicio de seguridad privada (clickers, informadores del pasillo y vigilantes de seguridad) constituyen un fraccionamiento de contratos, lo que no está legalmente permitido.
Pese a esta advertencia, igual que ya pasó el año pasado, el equipo de gobierno hizo caso omiso al informe conjunto de Secretaría e Intervención, y en la Junta de Gobierno del 6 de junio adjudicó los tres contratos menores por separado. La concejal de Fiestas, Laura Anglada, y la alcaldesa Joana Gomila se acogieron al informe redactado por el técnico del área de Fiestas, en el que se alega la necesidad de recurrir a los contratos menores y por separado, debido a que el concurso convocado para este fin había quedado desierto el 23 de mayo y no había tiempo para convocar otro. La legislación establece que los contratos menores no pueden superar los 15.000 euros, sin impuestos. Y así lo hizo el Ayuntamiento de Ciutadella, al contratar cada uno de los tres servicios por 14.999 euros, que sumado al 21 por ciento de IVA arrojó 18.148,79 euros para cada contrato.
Dos de ellos (el de los clickers y el de los informadores del pasillo) fueron adjudicados a la empresa JAP Balear S.L.U, y el tercero (el de los vigilantes de seguridad) a la empresa Jomi Mar.
El informe, al que ha tenido acceso este diario, remarca que ello supone «dividir en tres expedientes los diferentes servicios, cuando propiamente se podría justificar que fueran en dos como máximo», uno para los auxiliares (clickers e informadores) y otro para la contratación de los vigilantes, «en correspondencia a las dos diferentes categorías profesionales de los efectivos que se necesitan». Al adjudicarse estos dos contratos menores a una misma empresa, se «supera el máximo establecido por la contratación menor».
El fraccionamiento de la contratación no es la única advertencia que se hace en el informe conjunto de Secretaría e Intervención. También «constata una diferencia de precio considerable y no justificada» entre los dos contratos a auxiliares, que son de la misma categoría, y también hay «una incoherencia de los precios ofertados en los tres expedientes», ya que «los precios que se ofertan en la categoría de auxiliares no coinciden y resultan superiores a los ofertados por los servicios de vigilante de seguridad que corresponde a una categoria profesional superior».