Tres días tiene Trapsayates para dejar los amarres y pantalanes del Moll de Llevant de Maó. El plazo empezará a contar en el momento en el que la empresa reciba la notificación de Autoridad Portuaria de Balears.
La medida responde al acuerdo de desahucio administrativo decretado por el Consejo de Administración del organismo portuario en la reunión del miércoles pasado. El desahucio administrativo supone que la empresa ha de cesar de forma inmediata en la ocupación del dominio público portuario en el Moll de Llevant, entre la punta de Cala Figuera y la Punta del Rellotge.
Autoridad Portuaria argumenta que se trata de un espacio que está siendo ocupado indebidamente «y sin título habilitante» desde que se notificó a Trapsayates la declaración de caducidad acordada por el Consejo de Administración del ente portuario el 17 de diciembre último.
El desalojo de las instalaciones ha de efectuarse «en el plazo improrrogable de tres días desde la notificación por parte de APB a la empresa.
Ante la previsible ignorancia de la concesionaria, tal como ha ocurrido con notificaciones anteriores, el Consejo de Administración ha delegado en el presidente Joan Gual de Torrella la facultad de solicitar la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad necesarios para hacer efectivo el decreto de expulsión. También podrá utilizar la vía judicial solicitando ante el Juzgado de lo Contencioso autorización de entrada a las instalaciones que ocupa Trapsayates en Moll de Llevant.
Tasas
Esta es la segunda medida de presión en menos de un mes para echar a la empresa de los amarres, aunque esta última parece más contundente. En junio, Autoridad Portuaria comunicó a los responsables de embarcaciones que utilizan estos amarres que paguen las tasas directamente al organismo público. La empresa manifestó entonces que no tenía ninguna intención de dejar el negocio y opta por desviar la presión recurriendo ante los tribunales.