Autoridad Portuaria de Balears no está dispuesta a que la demora por parte de Trapsa Yates a la hora de hacer efectiva la devolución de la concesión de los 165 amarres del Moll de Llevant, una vez declarada a mediados de diciembre su caducidad por incumplimiento del contrato, le sirva para ganar dinero, para hacer su agosto. Por esto, dentro de la estrategia de Puertos figura la reclamación por la vía judicial del lucro cesante que se haya generado desde que se formalizó la caducidad de la concesión, especialmente durante la presente temporada turística, y sobre todo ahora, en pleno verano.
De momento, el camino hacia la aplicación por vía judicial del desahucio va dando sus pasos. El pasado martes día 24 los responsables de Autoridad Portuaria firmaron la orden de desahucio administrativo inmediato de Trapsa de los amarres del Moll de Llevant, con la previsión de que se notificara a finales de la pasada semana con un plazo ineludible de tres días hábiles para hacerse efectiva. Si se incumple, se solicitará la intervención de un juez.
Máxima rendimiento
De momento, la empresa no ha dado el paso. La previsión es que no lo haga, que continúe con el traslado de la cuestión a las instancias judiciales como ha hecho hasta ahora con los anteriores requerimientos de Puertos, mientras sigue explotando los amarres en plena temporada alta, en agosto, cuando más rendimiento económico ofrece esta actividad.
A un día de que empiece agosto, mes inhábil para los juzgados salvo para cuestiones urgentes, en estos momentos se da por prácticamente seguro que la orden de desahucio judicial no se producirá hasta septiembre u octubre. Entonces, explican fuentes conocedores de la cuestión, la decisión que adopte el juez será de aplicación inmediata e inapelable, por lo que se forzará a Trapsa a devolver las llaves de las instalaciones del Moll de Llevant, incluso con la participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Cuando se haya resuelto la devolución de los amarres, Autoridad Portuaria deberá decidir luego qué hace con ellos, cómo se gestionan. En el Club Marítimo de Mahón están a la expectativa y han adoptado ya medidas para agilizar los trámites si la opción de que vuelvan a sus manos se pone sobre la mesa. En paralelo, Puertos iniciará entonces el camino judicial para reclamar el lucro cesante, un proceso que se prevé largo en el tiempo. Cabe recordar que en junio Autoridad Portuaria ya comunicó a los responsables de las embarcaciones que usan habitualmente estos amarres que debían pagarle las tasas directamente, pese a lo cual la empresa ha continuado con su actividad.
La incertidumbre sobre la concesión ha tenido también sus consecuencias a nivel interno para Trapsa, puesto que algunos de los empleados de su plantilla del puerto, como es el caso de su gerente, han optado en los últimos meses por cambiar de empresa.