La demarcación menorquina del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears reclama al Consell que la revisión del Plan Territorial Insular (PTI), la herramienta que establecerá definitivamente las normas para el alquiler turístico, levante el veto a la concesión de nuevas licencias en las «viviendas tradicionales» tanto de los núcleos urbanos como del suelo rústico, con el objetivo de «fomentar su rehabilitación». Entienden que un criterio sencillo para llevar a cabo la medida sería el que ya se aplica para autorizar hoteles rurales: que se autorice la actividad turística en las viviendas situadas en edificios que tengan una antigüedad de más de 40 años.
Los arquitectos menorquines defienden que el Consell debería considerar «la oportunidad» de incluir este tipo de viviendas tradicionales que, por sus características, difícilmente pueden incorporarse al mercado de alquiler residencial, una idea que el Consell ya contempló durante los meses de negociación con los ayuntamientos para definir la llamada zonificación, la delimitación de zonas aptas para el alquiler turística que regirá mientras no se apruebe el nuevo PTI.
Unas casas que requieren una inversión brutal para rescatar su esplendor y dejarlas en condiciones de habitabilidad, y que luego van a exigir mantenimiento continuo (y costoso) para mantener elementos de hace más de 100 años nunca se va a hacer si no se asegura una mínima rentabilidad. Nadie excepto algún millonario caprichoso de forma puntual va a animarse a recuperar estos edificios para luego regalarlos, y el alquiler que requeriría sería tan ridículamente caro que ningún residente lo podría pagar. El incentivo del alquiler turístico es una buena medida no solo por la rentabilidad para sufragar los gastos de estas casas sino para compatibilizarlas con su cuidado y mantenimiento continuo. El patrimonio histórico y cultural es de todos y repercute positivamente en la ciudad no solo en el propietario, nadie quiere un casco en ruinas y deshabitado