Más de un tercio de los divorcios y separaciones, incluida la disolución de parejas de hecho, se producen sin que exista consenso entre las partes. En lo que va de año en los partidos judiciales de Maó y Ciutadella han ingresado un total de 192 demandas de divorcio, separaciones y asuntos relativos a guardia y custodia de hijos de parejas de hecho (no matrimoniales), de las cuales 66 fueron sin acuerdo, un 34,37 por ciento del total.
Maó suma en el primer semestre del año cerca del doble de casos de disoluciones de parejas que Ciutadella, 126 en los juzgados de Llevant frente a 69 en los de Ponent. La cifra global es de 192 demandas –no se han producido nulidades matrimoniales–, frente a los 109 divorcios y separaciones registrados en el mismo periodo de 2017.
Después de un descenso de las disoluciones matrimoniales y de pareja durante la crisis, la curva de rupturas sigue en ascenso. Un total de 2.238 uniones, entre matrimonio y parejas de hecho, se disolvieron en Balears en seis meses. El Archipiélago supera la media nacional en número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes, su tasa es del 6,8 frente al 6,5 estatal. Encabezan el ránking de rupturas Canarias, Comunidad Valenciana, Catalunya, Andalucía, Balears y Murcia, mientras que las comunidades con menos divorcios son Castilla y León, Aragón y País Vasco.
En Menorca, además, los juzgados ingresaron entre enero y junio 52 demandas de modificación de medidas establecidas en el convenio regulador del divorcio o separación, que pueden referirse a la pensión de alimentos, la guardia y custodia, el régimen de visitas de los hijos, la pensión compensatoria o el uso del domicilio familiar. De esas modificaciones, más de la mitad, en total 35, no fueron consensuadas por los excónyuges.
Según los abogados de familia consultados, la reactivación económica trajo consigo un aumento de las demandas. «Años atrás había gente que venía al despacho a preguntar por el coste del divorcio y el procedimiento se paralizaba si no tenían opción a un abogado de oficio», explica un letrado que ejerce en Maó. Eran personas que se quedaban, por renta, al límite de poder acceder al abogado de oficio pero tampoco podían permitirse pagar un servicio privado. «En los últimos meses es cierto que se ha notado un aumento de los temas de divorcio», añade, tanto de gente con recursos para pagar el proceso como de aquellos que acuden a la justicia gratuita.
Aumenta la custodia compartida de los hijos en común
Desde que el Tribunal Supremo reiteró su jurisprudencia a favor de la custodia compartida, como el sistema más favorable para los menores tras un divorcio, el cuidado de los hijos ya no queda mayoritariamente como años atrás en manos de la madre. Se ha producido también un cambio social, ya que los padres desean pasar más tiempo con sus hijos. Si los cónyuges se ponen de acuerdo, la custodia compartida se otorga de manera automática, si hay un contencioso el juez recaba el informe del Ministerio Fiscal y también escuchará a los hijos. El reparto de los bienes del matrimonio o la pareja de hecho puede ser complicado pero determinar la guardia y custodia de los hijos en común, así como las medidas relativas a su mantenimiento y a las visitas, sigue siendo lo más complicado, tanto si es un divorcio como una separación o la disolución de una pareja.
También en los despachos de abogados están viendo casos de divorcio en los que se ha otorgado la custodia compartida y luego ésta se ha revocado por el juez y ha sido retornada a la madre por el bien de los niños, especialmente cuando son de corta edad.