«La mujer siempre ha tenido un papel fundamental en el campo, aunque no siempre ha sido el más reconocido, quedando -como en otros temas- un poco a la sombra. Ahora por suerte han ido cambiando las cosas, pero aún son necesarias estas medidas para estimular que se garanticen los derechos de la mujer en el campo y se le reconozca su trabajo». Así lo asevera el director insular de Medio Rural y Marino, Miquel Truyol, con respecto a la mujer rural. Este lunes es el Día Internacional.
El Contrato Agrario de la Reserva de Biosfera (CARB) tiene en cuenta este aspecto. Y una de cada tres fincas solicitantes de esta ayuda tiene a una mujer asegurada, ya sea como titular o socia titular de la sociedad de la explotación, ya como asalariada. Se trata, en concreto, de 64 explotaciones, dos más respecto a la convocatoria del año pasado.
El CARB premia a las explotaciones que tienen mujeres aseguradas, madones dadas de alta en la Seguridad Social a tiempo completo. Quienes las aseguran ven incrementada la ayuda que perciben por el contrato agrario en un 15 por ciento. «No cotizar significa no tener la pensión justa y merecida», indica Truyol y agrega que «actualmente las madones tienen una implicación importantísima no solo en las labores ordinarias sino también en la gestión económica de la finca».
El número de mujeres aseguradas puede ser superior ya que hay fincas que no están adheridas al CARB y tienen a mujeres dadas de alta. También es posible que la mujer trabaje fuera de la explotación y, por tanto, no esté asegurada a tiempo completo.
Hay que recordar que no todas las explotaciones pueden acceder a esta convocatoria. Deben cumplir una serie de compromisos, que se resumen en que sean fincas profesionales (esto es que la mayor parte de la renta venga de la actividad agraria) y cumplir unos requisitos ambientales concretos que certifiquen que hacen las cosas mejor de lo que están obligadas.
La convocatoria del CARB de este año ha recibido 204 solicitudes (nueve más que en 2017). De ellas, cumplen los requisitos 194 explotaciones, no obstante, está pendiente de resolver algunos requerimientos y de la publicación oficial, por lo que podría haber alguna variación.
En la Isla hay en torno a 300 fincas que, por el criterio de profesionalidad, podrían solicitar el CARB. Estas 200 explotaciones adheridas representan las dos terceras partes. Respecto a las cien restantes, «no significa que no hagan las cosas bien, sino que no tienen el plus extra de las que sí lo piden».
Truyol resalta que los trabajos que se compensan con una ayuda económica generan un beneficio a la explotación pero sobre todo, generan un retorno a la sociedad. Y es que la labor agraria contribuye al bienestar de toda la sociedad. Por ejemplo, la limpieza de boscarrons d'ullastrar no solo mejora el bienestar animal sino que contribuye a la adaptación del cambio climático; la mejora de acequias evita inundaciones, pero también contribuye al ciclo del agua y dedicarse a la apicultura no es solo un complemento económico sino que contribuye a la polinización de muchas especies y por tanto, a la diversidad que configura el paisaje menorquín.