El Defensor del Pueblo no da por cerrado el caso del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Maó. En un nuevo requerimiento, Francisco Fernández Marugán asegura que la respuesta del Consistorio «no termina de ser concluyente» respecto a si acepta su recomendación de modificar el texto para que deje de discriminar, siempre en su opinión, a una parte de la población. Le insta a que se le informe con claridad al respecto, y no acepta el argumento del largo periodo de tiempo que conlleva acometer cualquier cambio normativo del reglamento vigente.
La lectura que de esta comunicación realiza el PP de Maó es que el Defensor del Pueblo «no se ha tragado la treta utilizada por la ecocatalanista Concha Juanola y el socialista Héctor Pons con el único objetivo de mantener vigente» el reglamento sin tener en cuenta la queja presentada por este organismo.
La portavoz del Grupo Popular, Agueda Reynés, lamentó este jueves en un comunicado «la imagen que está dando el Ayuntamiento de Maó y, por lo tanto, toda la ciudad, ante sus vecinos y el resto de España», una ciudad que a su entender «nunca había dado muestras del sectarismo que desprende la coalición de gobierno, sino de todo lo contrario».
Reynés insiste en que «nunca debió aprobarse un reglamento que pudiera suponer una discriminación de unos ciudadanos frente a otros por su condición lingüística. Y muchos menos es que después de una queja del Defensor del Pueblo se intente tergiversar en lugar de corregir el error original».
El PP ofrece sus votos para acometer la corrección del reglamento, con lo que para hacerlo serían suficientes los concejales de los populares y el PSOE, sin Ara Maó, con lo que se contaría con un reglamento lingüístico «moderado, equilibrado, respetuoso, sensato, moderno y abierto» que una a los mahoneses cuando ahora «abochorna con actitudes sectarias como éstas».