El colegio de arquitectos y el GOB han consensuado cinco puntos con el fin de salvar la compatibilidad de los usos agrarios y turísticos, endureciendo las condiciones para estos, en el medio rural. El documento se registrará en el Consell para que sean tenidos en cuenta esos puntos de vista en el PTI, clave en la definición del modelo de Menorca y aúna el espíritu de defensa del territorio del GOB con el objetivo del colegio profesional de favorecer la rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural.
La unidad surge en un contexto de llegada de nuevos inversores, un momento interesante para el mundo agrario, que además «concentra un importante patrimonio de edificios desocupados a los que hay que darles uso», explica Enric Taltavull, delegado del colegio.
El turismo en el campo «no debe entenderse como una actividad sustitutoria sino compatible con los usos agrarios», advierte Miquel Camps, del GOB, ante la avalancha de proyectos de agroturismo. Esta tendencia no está exenta «del peligro de una escalada de especulación urbanística que podría volverse en contra de una adecuada conservación de las zonas rústicas».
Sin embargo, la realidad muestra abundancia de edificaciones en desuso, «nuestra idea es poder superar la interpretación restrictiva sobre los edificios rurales, no solo tienen valor las dos viviendas que suele haber en las fincas sino todos los edificios auxiliares», añade Taltavull.
Ambas entidades coinciden en que es necesario mantener la actividad agraria y al mismo tiempo creen conveniente mantener los edificios de cierta prestancia arquitectónica. Se plantea además en el aludido contexto de ola inversora «para actividades de interés colectivo al tiempo que se quiere evitar la urbanización del campo», un mensaje recurrente del GOB.
Nuevas construcciones
Uno de los puntos concretos del acuerdo aborda una de las principales preocupaciones, la de edificios de nueva planta. En el acuerdo de arquitectos y GOB se apuesta por la reutilización de los obsoletos y, si no es posible, definir su uso o demolición y restitución del terreno. Si se construye alguna edificación nueva para usos agrícolas estos quedarán reflejados en los registros correspondientes.
Se trata, por tanto, de medidas restrictivas ante la citada oleada inversora y la creciente transformación del campo. «Se trata de hacer posible el mundo agrario», resume Carlos Coll, presidente del GOB, quien admite que estamos viviendo un proceso de reconversión, «el modelo tradicional ha dejado de ser competitivo, también ocurre en el sector industrial, pero las 25 fincas adheridas a nuestro proyecto tienen viabilidad, es cuestión de voluntad e innovación», afirma. Recuerda que el mundo agrario, aunque tenga poco peso en el PIB, gestiona el 80 por ciento del territorio insular.