Una vez acaben, previsiblemente en febrero, las obras de reforma del tramo entre Ciutadella y Ferreries, la carretera general quedará libre de actuaciones de envergadura hasta finales de 2019, como muy pronto. Los trabajos en el tramo Maó-Alaior, que incluye los controvertidos puentes de L'Argentina y Rafal Rubí, no se retomarán al menos hasta entonces. Es la consecuencia de los largos trámites administrativos que todavía debe afrontar este proyecto.
En estos momentos, la previsión es que el Consejo Ejecutivo del Consell levante la suspensión del contrato para la revisión del proyecto en su primera reunión del año, el 7 de enero. A partir de entonces, la empresa Inypsa dispondrá de un plazo de un mes y medio para culminar la adaptación del proyecto con el que se iniciaron las obras en el anterior mandato.
Una vez el equipo de gobierno disponga del proyecto revisado, se pondrá en marcha la maquinaria burocrática para su aprobación inicial, periodo de exposición pública, recepción y contestación de alegaciones, aprobación definitiva, licitación y adjudicación. El conseller de Movilidad, Miquel Preto, explica que hay cuestiones que cuentan con trabajos ya avanzados, como los trámites ante la Comisión Balear de Medio Ambiente, pero que será casi imposible evitar que el tramo Maó-Alaior esté paralizado, sobre el terreno, casi un año más. Y esto si el escenario es favorable. Cualquier baja temeraria o recurso podría retrasar el comienzo de las obras hasta, incluso, 2020.
Hasta hace pocos meses, en el equipo de gobierno se planteaba todavía un posible sprint para llegar a las elecciones de mayo con la maquinaria sobre el asfalto preparada para afrontar la demolición y finalización de los puentes a medias, pero el levantamiento de la suspensión se ha retrasado por las diferencias internas ya conocidas y la demora en los informes técnicos, por lo que este objetivo ya ni existe.
El conseller Miquel Preto comenta que, por este motivo, es prácticamente irrelevante para los planes del Departamento de Movilidad que se aprueben o no los Presupuestos Generales del Estado, puesto que en 2019 no habrá ninguna inversión nueva que justificar para su abono en base al convenio de carreteras, cuya addenda todavía está pendiente de ser ratificada por el Consejo de Ministros, algo que se espera solventar en breve para que la financiación no se pueda llegar a complicar. Preto resta importancia a cualquier posible prórroga de los Presupuestos incluso si se ejecutaran obras, «incluyen partidas de inversiones en carreteras ya realizadas en el año anterior, dinero hay, es algo que se solventaría con una modificación de crédito», aunque no será necesaria.
A comienzos del año que viene se acabará de pagar la obra Ferreries-Ciutadella, con lo que se habrá agotado la partida que tenía ingresada el Consell desde 2012, momento en que el Estado dejó de realizar pagos a cuenta. A partir de este momento, pues, el Gobierno pasa ya a pagar solo los trabajos que se certifiquen como realizados. La primera justificación del tramo Maó-Alaior se producirá, en cualquier caso, ya en 2020. Quedan 19,1 millones de euros pendientes de transferir hasta 2023 (el plazo tendrá que volver a ampliarse muy probablemente) de los 63 millones que comprende el citado convenio de carreteras.
Sobre las molestias de un año más con la carretera a medias, Preto las relativiza. Asegura que son tan solo tres quilómetros de líneas amarillas y que la solución provisional ha sido validada por los técnicos.
En mayo a la calle y cap pega