La actividad de control llevada a cabo desde el Servicio de Seguridad Alimentaria de la Conselleria de Salut del Govern entre mayo y octubre concluyó con una puntuación global de cero (sobre cinco puntos) para dos establecimientos de Menorca. Esto ha conllevado el cese inmediato de su funcionamiento por ser considerados por los técnicos «un riesgo para la salud pública». Una circunstancia que no se produjo durante la campaña del año anterior, en la que no hubo clausuras.
El departamento que tiene como objetivo la evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos de los alimentos destinados a consumo humano, efectuó entre inspecciones y auditorias un total de 458 controles en 208 negocios de la Isla. En el 44 por ciento de los casos se reportó algún tipo de deficiencia. Es decir, en 293 casos.
En 173 ocasiones las infracciones están relacionadas con la falta de higiene y de programas de autocontrol, con la incorrecta manipulación de los alimentos o con una mala formación del personal empleado. Dicho de otra manera, en el 39 por ciento de los casos las deficiencias son de tipo operacional.
El 21 por ciento restante de infracciones han sido de carácter estructural (relativas a deficiencias en las instalaciones), el 17 por ciento en referencia a autorizaciones (deficiencias en licencias o permisos) y el 11 por ciento relacionadas con la información al consumidor.
Contando los dos expedientes abiertos a los locales suspendidos en su actividad, los inspectores han procedido a la apertura de un total de nueve procesos sancionadores, tres menos que en 2017, cuando se abrieron doce.
De ellos, se desconoce cuantos finalizarán en sanción ya que, primero, debe presentarse el expediente al local, darle tiempo para recurrir y, finalmente, sellar de forma definitiva la sanción.
Asimismo, de los 208 establecimientos que fueron visitados, a 101 se les otorgó un plazo para realizar la subsanación de las deficiencias detectadas. Lo que significa que la mitad de ellos fueron objeto de más de una inspección para la comprobación de dicha corrección. Cabe destacar que también los negocios clausurados disponen de un plazo de subsanación, lo que significa que, no necesariamente, han sido cesados de forma definitiva.
Por otra parte, desde la Conselleria recuerdan que estas cifras tan solo responden a los resultados de la campaña estival y que los datos de todo el año todavía no se han cerrado. Con lo cual, el número de cierres o de expedientes todavía puede aumentar en el cómputo total del año.