Los ingenieros agrónomos son partidarios de la recuperación del patrimonio arquitectónico rural, pero sin las restricciones que arquitectos menorquines y GOB pretenden introducir en el PTI para que esas edificaciones se vinculen a la actividad rural. Justamente, «debido a que no se puede emplear para desarrollar actividades agrarias viables, postulamos que se emplee para usos complementarios o asociados a la actividad agraria y que constituyen una fuente de ingresos para los agricultores y ganaderos. Y cuantos más ingresos generen en el conjunto de su explotación mejor para todos».
Así lo argumentan en una carta que publicamos en la sección de opinión, firmada por el decano del colegio de agrónomos de Levante y del delegado del colegio en las Islas. La discrepancia comienza por una apreciación de intrusismo profesional y el mensaje implícito de que el medio rural debe ser contemplado con criterios de viabilidad.