Al cierre de 2016 el Consell tenía 41 litigios en proceso con reclamaciones económicas que sumaban 17,4 millones de euros. La mitad de esas causas, en total 21, correspondían a pleitos urbanísticos que suponían para la institución hacer frente a 16,8 millones en concepto de indemnizaciones. Así lo ha constatado la Sindicatura de Cuentas de Balears (SCIB), que ayer entregó al Parlament sus informes de las cuentas generales de los consells de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera correspondientes a 2016. En líneas generales las cuentas son «favorables», ya que presentan la información «de acuerdo con los principios contables y la normativa legal de aplicación» aunque presentan algunas «excepciones».
Dentro de las incidencias y en relación a los riesgos y gastos, la Sindicatura alude a la provisión para hacerse cargo de hipotéticas responsabilidades derivadas de los litigios en curso, que en ese ejercicio asciende a 15 millones. No obstante la fotografía de la situación ha cambiado en los últimos dos años, han existido sentencias contrarias al Consell como la de Princesa Son Bou ?una indemnización que sube a cerca de seis millones?, y otras favorables, con el rechazo a la solicitud de compensaciones muy elevadas, como la formulada por la desclasificación de terrenos en Cala en Porter, donde el promotor reclamaba 39 millones a Consell y Ayuntamientos. Caso este último que se deriva de la Ley de Espacios Naturales de 1991 y que el Plan Territorial ratificó. Otros, como la conocida sentencia de Cesgarden, son anteriores al ejercicio ahora analizado por los auditores de la Sindicatura.
El informe contiene 17 recomendaciones técnicas para que la institución mejore la gestión económico-financiera. En cuanto a las incidencias, señala por ejemplo la elevada cantidad acumulada (1,4 millones) en aportaciones para el funcionamiento del Consorcio de Protección del Suelo Rústico, cuyo retorno ve incierto; también apunta que de la revisión de expedientes se desprende que hay contratos menores con un mismo creditor y por conceptos similares que, sumados, superan la cantidad límite para ser tramitados como contrato menor.