El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha admitido a trámite la demanda presentada por la familia Rubió contra el Govern y la Fundació Rubió Tudurí Andrómaco por el alquiler de la finca de Mongofra. En el primer caso, alega desviación de poder por parte de la consellera de Cultura, Fany Tur, quien, según se argumenta en el escrito, se arrogó atribuciones sobre el Protectorado de la Fundación que corresponden a la Dirección General de Cultura, que es el órgano autorizdo para resolver sobre los protectorados.
La consellera puede intervenir, pero con un trámite administrativo previo que no realizó, un defecto formal que, según apunta la demanda, invalidaría la resolución que firma la consellera, que el 8 de mayo había dicho no y el 17 de diciembre autorizó el contrato.
Intercambio de correos
La familia expone asimismo que el proceso para el alquiler de la finca por parte de la Fundació al promotor franco-rumano Dimitri Sturdza está cargado de irregularidades. Entre estas, aparece un intercambio de correos electrónicos entre el abogado de la Comunidad Autónoma y la consellera trazando la estrategia de la autorización y con la Fundació sobre el procedimiento del alquiler y el modo de que este llegase a buen fin.
La admisión a trámite de la demanda implica que habrá juicio oral. Para este, el abogado Fernando López, autor del escrito de la demanda, solicitará la declaración como testigos de los peritos que redactaron las auditorías que finalmente avalarían la operación inmobiliaria.
Además, según esta misma fuente, no se ha presentado el contrato del alquiler, que fue reclamado por el Tribunal en diciembre para incorporarlo a la documentación de un proceso que debe culminar, entre otras consecuencias, con la validación o no del mismo.