UGT ha puesto en marcha una nueva campaña para la actualización del plus de insularidad a la vista de que no se ha dado ningún paso de mejora sino que, por el contrario, la situación se deteriora. El sindicato calcula que la ratio de empleados públicos de la Administración general del Estado en Balears por cada mil habitantes es un 23 por ciento inferior a la de otras 12 comunidades autónomas equiparables.
La consecuencia tiene una doble vertiente, en primer lugar, en la escasez de las plantillas de funcionarios y, en segundo, en la pérdida de calidad de los citados servicios, que se traduce en demoras o dificultades añadidas. En la Administración de Justicia se percibe de manera palpable, ante la falta de empleados públicos por considerarse discriminados salarialmente, la mitad de las plantillas están cubiertas por personal interino. Por esa razón, la nueva campaña sindical busca la firma de las personas afectadas y la del administrado, que sufre los efectos de esa carencia.