Las dificultades para acceder a la vivienda es uno de los grandes problemas de Balears, agravado por la progresiva subida del coste de los inmuebles y sobre todo por los elevados precios del alquiler. Bien lo saben las administraciones, que ante la gravedad del problema, han impulsado durante el presente mandato numerosas e innovadoras medidas para fomentar la vivienda social.
Varias de las iniciativas impulsadas tanto por el Govern como por el Consell tratan de implicar a los propietarios para que se sumen y pongan a disposición de la ciudadanía más pisos de alquiler a precios asequibles.
Pese a ello, los resultados, al menos en este capítulo, no han sido muy positivos. Un claro ejemplo de ello es el programa impulsado por el Govern con el que se paga al propietario parte de la reforma de su casa, a cambio de que la pusiera tres años en alquiler a un precio asequible. Han habido 81 propietarios de Balears que se han adherido, de los cuales cuatro eran de Menorca. No obstante, solo cinco cumplían los requisitos, ninguno de ellos de Menorca. Otro ejemplo, el portal creado por el Consell para facilitar la búsqueda de pisos de alquiler a los trabajadores temporeros. Se puso en marcha el año pasado. Hubo 26 peticiones de pisos, pero ninguna oferta.
Y más. Ningún propietario se ha presentado en la licitación convocada para el Consell para comprar un inmueble para construir un centro para personas vulnerables en Maó y existe el temor de que el concurso para alquilar pisos de emergencias en cada municipio quede desierto, debido a la escasez de viviendas de alquiler.
Ante ello no debe extrañar que el Govern haya optado por la obligación, vía la Ley de la Vivienda, que obliga a los grandes tenedores de pisos a cederlos al Govern para que los alquile. En Menorca hay registrados 134 pisos de grandes propietarios. Desde el Govern aseguran que se van a priorizar los que estén en buen estado, los que estén ubicados en zonas de demanda y los que haya acuerdo con propietarios, ya que se prevén enormes reticencias de los grandes tenedores.
La consellera de Vivienda del Consell, Cristina Gómez, admite esta falta de implicación de los particulares, y lo atribuye al aumento de los precios del alquiler (hasta un 40 por ciento en cinco años), propiciado también por el alquiler turístico, ya que para los propietarios es mucho más rentable ir por el camino privado. «Por muchas ayudas que demos no podemos competir con el mercado especulativo», afirma Gómez. La consellera cree que la solución está en regular y limitar los precios del alquiler, y eso solo está en manos del Gobierno de España que «no está por la labor», por la oposición de la UE. Gómez cree que el Gobierno de Sánchez debería al menos intentarlo, porque «las luchas no se ganan si no la inicias».
Lo clásico siempre funciona
Otras medidas, digamos más clásicas, sí que han surtido efecto. Se trata de las promociones de pisos protegidos. Hay en marcha tres promociones. La de Sant Lluís con cuatro viviendas de alquiler aún está en obras, mientras que de los dos proyectos de Maó (con 40 pisos tutelados y 18 viviendas protegidas, todo de alquiler) se pone la primera piedra esta semana. El Ibavi desde el inicio de la legislatura ha ido adjudicando los 65 pisos que tenía vacíos en Menorca.
La consellera Gómez, en todo caso, destaca que la primera parte de este mandato se dedicó a hacer una diagnosis, para empezar a desarrollar el Plan Insular de la Vivienda a partir de 2017 y hasta 2021, y resalta que este mandato se ha creado la Mesa Insular de la Vivienda y se ha abierto la Oficina Insular. Asimismo confía en que una vez se desarrolle la Ley de la Vivienda, aprobada por el Parlament balear el pasado julio, en el próximo mandato se pueda dar un paso adelante en el tema de la vivienda.