Inypsa, la empresa contratada para la redacción del proyecto técnico del tramo Maó-Alaior de la carretera general ha presentado un recurso de alzada contra el último acuerdo del Consell. Así lo reconoció el conseller Miquel Preto en la sesión de ayer, de lo que implícitamente se deduce, que los trabajos de redacción continúan parados.
El responsable de movilidad admitió ante los requerimientos de Adolfo Vilafranca que los servicios jurídicos de la casa están estudiando la resolución de este recurso. El acuerdo contra el que se ha presentado es del 14 de enero en el que el Consejo Ejecutivo aprueba el «levantamiento de la suspensión del contrato» para la redacción del proyecto. Como se recordará, había sido suspendido con motivo de la búsqueda de una solución sin puentes en los cruces de La Argentina y Rafal Rubí.
Preto dijo entonces que la redacción estaría lista en un mes, ya que solo estaba pendiente de las propuestas técnicas para esos puntos, y que la solución que establecieran sería la definitiva. Por tanto, el resultado debía haberse entregado la semana pasada.
Esos trabajos con la consultora de ingeniería se aplazaron en septiembre de 2017 mientras se debatía un acuerdo político que un año después se estrelló contra los informes técnicos, contrarios al derribo de las estructuras a medio a construir. Han estado interrumpidos más de 15 meses y esa podría ser una de las causas del recurso, ya que el conseller, que afronta este debate con evidente contrariedad, no aportó más explicaciones. Lo que resulta evidente es que, al margen del contrato y la resolución del recurso, el proyecto queda nuevamente en el aire.
El conseller popular fue incisivo al plantear la cuestión, «han pasado cuatro años y estamos allí mismo, han tenido dos años parada la redacción del proyecto y da la impresión de que su objetivo (del Consell) es que la empresa renuncie», apuntó Vilafranca. Se quedó sin respuesta, sin embargo, a los motivos por los que ha recurrido la empresa, «qué pide y cómo se ha resuelto».
Interpretó que el equipo de gobierno quiere dar carpetazo al problema sin resolverlo y que lo asuma la nueva corporación.