La rapidez con la que ha llegado la resolución judicial ha permitido levantar las dudas de sospecha sobre los acusados. Esa es la característica que destaca en primer lugar Pedro Horrach, exfiscal y ahora el abogado que ha llevado la defensa del menorquín Jaume Gomila.
El ex director general de Cultura, que era uno de los cinco acusados en el conocido como «caso contratos», ha recibido el auto del juez con lógica satisfacción, aunque ha dejado en manos de su letrado la valoración. Mantuvo silencio cuando se denunciaron las contrataciones presuntamente irregulares y elude comentar ahora la decisión judicial, aunque expresa el agrado de saberse libre de dudas sobre su actuación en la Conselleria de Cultura. Le pareció injusto desde el principio y asegura que el tiempo y la Justicia lo han puesto todo en su sitio, ya que nunca tuvo sensación alguna de haber actuado de forma incorrecta.
Ruth Mateu, la consellera obligada a dejar el cargo, elude comentar el auto
Ruth Mateu, la consellera obligada a dejar el cargo, elude comentar el autoRuth Mateu, la consellera de Cultura y representante de Més per Menorca en el Govern, se vio obligada a dejar el cargo en cuanto se destapó el caso de las contrataciones presuntamente fraccionadas en su Conselleria. Fue, junto con el menorquín Jaume Gomila, que también cesó como director general de Cultura, una de las principales damnificadas. Ayer, todavía dolida por un asunto que le llevó a despedirse de la vida pública entre lágrimas, renunció a efectuar declaraciones. Los otros tres acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias son Jaume Garau, excoordinador de la campaña electoral de Més y administrador de dos de las empresas contratadas por la Conselleria; José Ramón Cerdà, director del Institut d?Estudis Baleàrics; y Pere Muñoz, gerente de la agencia balear de turismo. Horrach asegura que se ha demostrado que, aparte de considerar legal y habitual la fórmula de las contrataciones, «los precios estaban ultraajustados respecto a los precios de mercado».