Después del evidente fracaso que ha supuesto el intento del PTI de 2003 de regularizar la situación de los llamados hortals, los núcleos rurales o asentamientos de edificaciones agrupadas en suelo rústico, la revisión del documento introduce novedades importantes encaminadas a eliminar definitivamente la presión edificatoria y a demoler aquellas construcciones que no sean legalizadas.
El PTI otorgará dos años desde su aprobación para que se presenten los planes especiales de núcleos rurales, la herramienta urbanística para la regularización de estos asentamientos, que albergan hoy en día más del doble de viviendas (4.000) de las que inicialmente registraba el PTI de 2003. La redacción de estos planes pasa a ser responsabilidad de la administración para evitar la inactividad de los propietarios.