El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha entregado este martes a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet y al presidente del Senado, Manuel Cruz, el Informe Anual 2018 que estudió un total de 16.998 quejas, 372 investigaciones de oficio y 327 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
En la memoria hay ocho denuncias procedentes de Menorca, de las cuales tres atañen al Ayuntamiento de Ciutadella, dos al de Maó, una al de Sant Lluís, otro al Área de Salud de Menorca y una última al Centro Penitenciario de Menorca.
Estas son las ocho denuncias:
1. Infracción urbanística
La primera que afecta al Ayuntamiento de Ciutadella es una queja de una comunidad de propietarios de un edificio ante la sanción impuesta por ejecutar obras sin licencia. En este caso, el Defensor del Pueblo lamenta que el Ayuntamiento no haya aportado información al respecto, pero recuerda a los propietarios que las competencias de sanción por obras ilegales es del Ayuntamiento, y que «en este caso no hay duda de que han cometido una infracción urbanística».
2. Petición para defensa jurídica
Otras queja sobre el Ayuntamiento de Ciutadella es sobre la petición de una empleada pública que solicita que el Consistorio le facilite la defensa jurídica. El Defensor del Pueblo recrimina al Ayuntamiento que no haya contestado, sobre si le quiere proporcionar defensa jurídica o no a la funcionaria, con los plazos establecidos con la ley, y le recuerda que esta obligado a contestar su petición.
3. Molestias de un horno
El Defensor del Pueblo también solicitó el pasado julio al Ayuntamiento de Ciutadella información sobre las molestias provocadas por el combustible utilizado para el funcionamiento de un horno de pan. Tras tres requerimientos, el Ayuntamiento todavía no ha contestado
4. Jefe de servicio del hospital Mateu Orfila
En febrero de 2018 se presentó una queja ya que la plaza de jefe de servicio de Urología del hospital Mateu Orfila está vacante desde hace tres años, y cubierta de forma provisional por un facultativo interino. El Defensor del Pueblo recuerda al Área de Salud de Menorca que la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud de Balears establece que «los puestos de Jefe de Servicio y de Sección de carácter asistencial en las unidades de atención especializada del Servicio de Salud de Balears (...) se proveerán mediante convocatoria pública». Por ello sugiera que «en la mayor brevedad posible» se regularice la provisión legal de esta plaza.
5. Mujeres presas
También llegó al Defensor del Pueblo la denuncia de que la cárcel de Menorca, en la que en diciembre había dos internas, «carece de instalaciones adecuadas para mujeres», lo que hizo que las dos internas fueran alojadas en el módulo de ingresos, con lo que ello implica, como la imposibilidad de ducharse algunos días con agua caliente, no disponer de calefacción en la celda e incluso «debido a la falta de funcionarios suficientes para su adecuada atención, parece ser que ambas internas permanecieron cerradas todo el día en una pequeña estancia como si estuvieran castigadas».
6. El reglamento lingüístico de Maó
También está en la memoria del Defensor del Pueblo de 2018 la queja elevada por la portavoz del Grupo Municipal Popular de Maó, Águeda Reynés sobre el reglamento de usos lingüísticos del Ayuntamiento, al entender que discrimina el castellano, y «vulnera los derechos de los ciudadanos». El Defensor del Pueblo recomienda al Ayuntamiento a «modificar el reglamento de usos lingüísticos, estableciendo la igualdad en el uso de las lenguas castellana y catalana garantizando a ciudadanos y particulares el derecho de opción lingüística».
7. Parcelación de Sant Antoni
Otra queja remitida al Defensor del Pueblo afecta al Ayuntamiento de Maó, concretamente sobre la parcelación de Sant Antoni. Se trata de una cuestión que se remonta a 2002, cuando se aprobó el sistema de atribución de cuotas de urbanización entre los propietarios de Sant Antoni. Sentencias posteriores anularon dicho acuerdo, debido a que «no se habían equidistribuido las gastos de urbanización entre todos los propietarios». El propietario denunciante alega que en su día aportó un aval, y pese a que se anuló el acuerdo, el Ayuntamiento no lo ha devuelto. Reclama que se le devuelva el aval, con los correspondientes intereses, a la vez que ofrece, tal y como posibilita la ley, sustituir el aval por la afección real de su finca. Un ofrecimiento que el Ayuntamiento no ha contestado. El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento que dé respuestas a las alegaciones planteadas por el propietario.
8. El concurso del tesorero de Sant Lluís
Una de las quejas presentadas fue por el retraso, de cuatro meses, en la publicación de la lista provisional de admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo convocado para el Ayuntamiento de Sant Lluís para cubrir la plaza de tesorero interino de la corporación. El 17 de noviembre de 2017 acabó el plazo para participar en el proceso de selección. Se presentaron varias solicitudes, y dos de ellas generaron dudas respecto a la titulación, y quedaron excluidas, pero con posibilidad de que pudieran aclarar las dudas. Ello generó este retraso, pero el reproche del Defensor del Pueblo es que no se informara de la demora al resto de aspirantes, ya sea mediante el tablón de anuncios o su página web.