Desesperado y sin opciones. Así ha denunciado encontrarse el menorquín, de 39 años, Jordi Gutes, que lleva ya tres meses sin percibir la renta por el alquiler de su vivienda de la que sigue pagando la hipoteca.
Fue en 2013 cuando, fruto de la crisis, Gutes decidió arrendar su piso en Ciutadella y volver a vivir con su padre dado que su sueldo, que apenas roza los 900 euros mensuales, no le permitía mantenerse en ella. «Opté por un autodesahucio porque no podía pagar la hipoteca y vivir en casa», explica.
A pesar de que desde entonces han pasado ya varios inquilinos por su domicilio, la persona que se encuentra actualmente en él lleva tres meses sin pagar los 550 euros de alquiler que figuran en el contrato de arrendamiento entre ambos. «Además, esta persona tampoco me está pagando gastos como el agua o la basura», añade.
Ante esta situación y tras intentar, de forma verbal, recuperar el dinero que le corresponde, Jordi Gutes recurrió a un abogado a través del cual interpuso una demanda de desahucio por falta de pago de la renta y, poder así, alquilar la vivienda a otro inquilino recuperando la normalidad en su situación económica. «Necesito que otra persona me pague o, de lo contrario, no podré mantener el piso», lamenta.
Aunque lo normal en estos casos (según los profesionales consultados por este periódico) es que, una vez puesta la denuncia y conceder al inquilino un margen para desalojar la vivienda, se proceda al desahucio, en este ocasión la persona ha alegado determinadas circunstancias, a través de los Servicios Sociales, que han retrasado el proceso, según explica Jordi Gutes. «Teniendo en cuenta que el mes de agosto es inhábil, ya nos vamos al mes de septiembre y me debe ya, sin contar los gastos, más de 1.600 euros», expone. De ahí, que, según sus cálculos, este mes no consiga ahorrar ni un euro de su mensualidad. «Este mes tengo que pagar hipoteca, la escalera, el agua de la persona que está ocupando mi casa y, además, me llegará el IBI», explica.
En este punto y consciente de que, como mínimo, pasarán otros dos meses sin cobrar la renta, Jordi Gutes asegura sentirse totalmente desamparado y sin recursos para recuperar la casa que se vio obligado a poner en alquiler.
En este sentido, lamenta que la situación que la arrendataria alega para evitar el desalojo o para alargar su estancia en la vivienda sin pagar, recaiga sobre él, sin contar con ningún tipo de ayuda. «Me parece muy injusto que para beneficiar a una persona se esté perjudicando a otra», opina, haciendo referencia a la situación en la que él mismo se encuentra. «Porque, mientras tanto, yo tengo que seguir pagando», expone y concluye que, a fin de cuentas, el resultado de todo es que «yo la estoy manteniendo a ella».
El desenlace
Sobre el desenlace de toda esta historia, Jordi Gutes no tiene esperanzas de que sea cercano. Según su impresión, la inquilina no tiene intención de saldar su deuda, ni tampoco de marcharse de su casa, a pesar de que, durante días, se había comprometido con su propietario a hacerlo. Es más, prevé que el caso acabe en los juzgados ya que, según ha podido saber, le ha sido asignado un abogado de oficio. «No sé cuánto más podrá durar esto y me siento muy impotente porque todo lo que he hecho, lo he hecho según la ley. He declarado mi alquiler, lo he declarado todo y, ahora mismo, estoy desamparado», dice.
A pesar de todo, según los expertos en temas de desahucio que ha consultado este periódico, lo más probable es que, a la larga, los jueces acaben dando la razón a Jordi Gutes, al no poder presentar la inquilina ningún justificante de pago, necesario para que se acepte su testimonio. Aún así, también advierten que cada caso es un mundo en el que pueden entrar en juego múltiples factores, por lo que se desconoce cómo se resolverá, finalmente, esta situación. Ante la incertidumbre, Gutes no logra entender como un asalariado que no llega a mileurista y que trabaja para mantener con esfuerzos lo que tiene, pueda estar «corriendo el riesgo de perderlo todo», sin poder hacer demasiado al respecto.
Si al final Gutes saliera victorioso de los trámites judiciales, se determinaría una fecha para proceder a cambiar la cerradura y, así, al desahucio.
Porque no paga servicios sociales si lo tienen tan claro, el socialismo promete prosperidad pero solo trae pobreza.