La última polémica en torno a las mascotas está servida y hace días que hace hervir las redes sociales con comentarios a favor y en contra: la aplicación de una tasa municipal por tener un animal de compañía, que mayoritariamente son perros y gatos. En Menorca solo hay un Ayuntamiento que cobra dicha tasa, el de Alaior, que la implantó en 2013. La cuota por inscribir en el padrón a un perro o felino en esta localidad es de 6,20 euros al año y la cuota por la recogida de un animal que circule por la vía pública sin ir sujeto y acompañado asciende a 62 euros anuales, según la Ordenanza fiscal que regula esta tasa.
La controversia ha resurgido en medios nacionales cuando Zamora, capital de provincia, ha aprobado cobrar la tasa anual de 9 euros a partir del año que viene por tener perro. Pero lo cierto es que el impuesto a los propietarios de canes ya se viene cobrando desde hace años en municipios más pequeños, como es el caso de Alaior, pero también Inca (Mallorca) aprobó su implantación; otros municipios madrileños ya la cobran y en otros como Plasencia (Cáceres) fracasó por las alegaciones presentadas por colectivos animalistas. El argumento siempre es el mismo: sufragar gastos de limpieza y mejorar zonas como los parques caninos. En Alaior el pipican se creó años después de instaurar el cobro de la tasa y tiene carencias: «No hay sombra, ni banco, ni bolsas para los excrementos», afirma una usuaria. La tasa genera división entre los propietarios de mascotas. Algunos la apoyarían si eso evitara la «acumulación» de perros «malnutridos y mal atendidos» que aseguran realizan algunas personas, «como los cazadores», critican, y ponen como ejemplo que en países como Alemania y Eslovaquia ya se paga esa tasa. Otros la ven claramente injusta si no viene acompañada de más servicios, «me suena a medida con mucha probabilidad de quedarse en lo recaudatorio», señala una voluntaria de la Protectora d'Animals de Maó, «entiendo que las personas sin perro puedan no estar de acuerdo en que parte de sus impuestos vayan a un pipican, pero yo tampoco me beneficio de otros servicios públicos y los pago igual», asevera. La entidad como tal no se ha pronunciado.
Por parte de la Protectora de Ciutadella, su vicepresidenta Alba Lledó opina que, de cobrarse, «tendría que ser algo serio y que el dinero se destinara al bienestar animal, los parques no son solo para hacer pis, no pueden ser de 4x4 o estar mal vallados». Además sugiere que se establezcan controles aleatorios de chip y cartillas sanitarias y se multe a quien no tiene a los animales en buenas condiciones. Desde la Junta del Colegio Oficial de Veterinarios de Balears no hay una opinión unánime; la decisión de Inca ya generó debate en este colectivo. Pero el Colegio sí quiere «invitar a una reflexión sobre una conveniente gestión de las herramientas municipales de las que ya se dispone», con una «mejor aplicación de ordenanzas y la promoción de campañas de vacunación e identificación» por ejemplo.