La consellera Fina Santiago tuvo el detalle de pedir perdón en su respuesta ayer en el Parlament por la demora de siete meses que arrastra la valoración de la discapacidad. Ese es el tiempo que algunas personas están esperando, cuado la verificación médica no debería superar los tres meses.
La diputada popular Salomé Cabrera le preguntó por este problema, a finales de agosto había más de 400 personas esperando que se reconociera su estado de dependencia. ¿Cuál es la causa?, «no hay médico que quiera ir a Menorca. Los dos últimos han probado durante quince días y lo han dejado», contestó la consellera del Govern.
Santiago explicó que incluso se ha aumentado el nivel de fidelización para retener a algún médico en esta tarea, pero de las nueve plazas con que está dotado el servicio, solo cinco están cubiertas. La consellera informa que la solución momentánea es un contrato menor que permite que la labor sea ejercida por un médico que viene unas horas a la semana, un arreglo provisional e insuficiente.
La consellera apunta que la solución es la modificación de un decreto nacional del 99 que exige que sea un médico el que realice las valoraciones. Ella defiende que bastaría que fuera un sanitario y de ese modo se desbloquearía un servicio ahora colapsado.
Cabrera le pidió un plan de choque para acortar un problema que ya es estructural.