La campaña contra el fraude puesta en marcha por el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General del Catastro se ha saldado en Menorca con un balance de 8.308 viviendas en las que a través de drones, imágenes satelitales y trabajo de campo se han detectado actuaciones de mejora, rehabilitación, reforma, ampliaciones e incluso piscinas que no han sido debidamente informadas ante la Dirección General del Catastro.
Una vez concluido el proceso en los dos grandes municipios de Menorca, Maó y Ciutadella, la Isla registra un índice de fraude detectado del 8,1 por ciento, superior a la media balear, que lidera el ranking nacional con un porcentaje de viviendas con modificaciones ocultas del 6,5 por ciento. Los infractores, que tienen dos semanas para alegar cuando reciben la notificación, deberán hacer frente a una tasa de 60 euros para financiar el coste de la campaña y sufragar el pago de las cantidades recalculadas del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) con un efecto retroactivo de cuatro años y un aumento medio del impuesto de alrededor del tres por ciento.
La campaña continúa
Cabe recordar que las obras para levantar nuevas construcciones, ampliar las existentes, rehabilitar o reformar inmuebles pueden contar con la preceptiva licencia de obras, pero no han sido notificadas al Catastro, una obligación que recae en los propietarios. Viendo que eran muchos los que no lo hacían, desde el Ministerio de Hacienda decidieron empezar a tomar cartas en el asunto en el año 2013 con una campaña que ahora ofrece sus resultados definitivos. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado que la campaña de vigilancia tendrá continuidad por todos los medios disponibles.
En el caso menorquín, casi la mitad de las infracciones detectadas, en concreto el 47,3 por ciento, se han registrado en el municipio de Maó, un total de 3.937, lo que teniendo en cuenta su parque de viviendas muestra un índice de fraude cercano al 16 por ciento. En el caso de Ciutadella, el segundo municipio que quedaba pendiente de resolver, el número de fraudes se ha situado en 1.915. El resto de municipios suman 2.456 actuaciones regularizadas.
Reformas y cambios de uso
La gran mayoría de las obras ilegales detectadas se enmarcan en el capítulo de reformas y cambios de usos, detectadas en 3.771 viviendas, aunque llama la atención que en relación a esta tipología en cuatro municipios no se ha detectado ningún caso, Es Mercadal, Sant Lluís, Ferreries y Es Migjorn. El segundo tipo de más común de modificaciones no declaradas en viviendas son las nuevas construcciones (sin tener en cuenta las piscinas), con un total de 1.961 edificaciones de las que los propietarios no habían informado y por lo tanto no se había podido actualizar debidamente el valor catastral del inmueble, que sirve de referencia para el pago del IBI.
El balance de la campaña de inspección muestra una lógica concertación de infracciones en suelo urbano, donde se ubican casi el 90 por ciento de las viviendas menorquinas, aunque el índice de fraude en rústico es más elevado que en las fincas de naturaleza urbana. En el campo insular se han detectado 1.100 actuaciones no declaradas. Maó, Ciutadella y Alaior, por ese orden, encabezan el listado de infracciones en rústico por municipios. Entre los tres suman casi dos tercios del total.