La temporada turística se ha saldado con un importante incremento –el mayor de Balears– en el número de sanciones impuestas a patrones de embarcaciones de recreo por llevar a cabo prácticas ilegales en las costas menorquinas. Los agentes de Medio Ambiente han levantado un total de 27 actas en distintos puntos del litoral de Menorca, en la mayoría de los casos por fondear en zonas prohibidas por la presencia de posidonia, cuando hace un año la cantidad de procesos sancionadores fue muy inferior, de solamente ocho.
La cifra sigue antojándose muy reducida en comparación con el número de embarcaciones que han sido obligadas a abandonar la zona de fondeo por el servicio de vigilancia del Govern por estar afectando a praderas de posidonia. Más aún si se tiene en cuenta que entre ese balance de 27 actas levantadas se incluyen otro tipo de prácticas ilegales que no tienen que ver con el fondeo sobre esta especie de planta acuática. No en vano, del 1 de junio al 30 de septiembre se reubicaron 887 yates y se verificaron más de 3.000.
Cabe tener en cuenta que el personal del servicio de vigilancia de la posidonia, que cuentan en la Isla con dos embarcaciones, no tiene potestad sancionadora a no ser que vayan acompañados de un agente de Medio Ambiente. Este año, según fuentes del Govern, la implicación de los agentes y la coordinación con el sistema de vigilancia ha sido mayor y ha dado resultados.
El régimen sancionador del decreto de protección de la posidonia establece que las sanciones pueden ir de cien euros a 6.000 por casos leves, hasta 100.000 por casos graves y hasta 450.000 euros por casos muy graves. Desde el Govern señalan que en ningún caso se ha llegado a esos extremos, aunque sí se han impuesto algunas sanciones que se mueven entre los 10.000 y los 20.000 euros. La gran dificultad a la hora de sacar adelante los expedientes sancionadores es demostrar que el fondeo es efectivamente ilegal ante la falta de una cartografía oficial que delimite claramente las zonas en las que se puede y no se puede fondear. Los agentes se sirven de cámaras e intentan recopilar toda la información que pueda demostrar también que ese fondeo no se ha producido por una situación de emergencia, caso en el que las embarcaciones no podrían ser sancionadas.
La zona de la Isla en la que se han impuesto más multas es la de la Illa de l'Aire, con un total de siete, seguido de Cala en Turqueta y de las aguas frente al Parque Natural de S'Albufera des Grau. Cabe recordar que las barcas de vigilancia se centran en la zona sur de la Isla, aunque los agentes de Medio Ambiente se mueven por toda la costa.