El régimen especial agrario que el Govern quiere lograr para Balears dentro de la futura Política Agrícola Común (PAC) supondría recibir alrededor de un 50 por ciento más de subvenciones para agricultores y ganaderos del archipiélago, lo que en Menorca elevaría la cifra a más de siete millones de euros anuales.
La Isla recibió en 2018 un total de 4.782.208 euros de los fondos de la PAC, algo más de dos millones correspondieron al pago básico –el mínimo que se recibe por cada derecho que tenga el agricultor–, y 1.057.343 euros al pago verde, para el que es necesario cumplir una serie de prácticas medioambientales. La siguiente partida en cuantía es la subvención al ganado vacuno de leche, con 995.903 euros el año pasado.
La propuesta que llevará España a la Unión Europea se está confeccionando, el objetivo es tener el primer borrador del Plan Estratégico Nacional para febrero de 2020; es en este documento en el que la consellera balear de Agricultura, Mae de la Concha, plantea introducir la petición del régimen especial agrario para las Islas.
De la Concha aseguró ayer que ya se mantienen contactos con el sector del campo. «Es importantísimo conocer su postura, estamos teniendo reuniones semanales con colectivos, primero para informar de lo que hay en el plan estratégico nacional y también para ver qué les parece la propuesta que quiere llevar Balears», explica, «nos aseguran que es la primera vez que colaboran en la propuesta para la PAC, este trabajo con el sector es una novedad».
Balears no luchará por un programa como el que tiene Canarias, que renunció a la PAC por el Programa de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad (Posei), sino que pretende un reconocimiento complementario a la PAC, como las Medidas Específicas en Agricultura que tienen las islas menores del Mar Egeo. Sus condiciones se asemejan a la doble insularidad de las menores baleares, señalan desde la Conselleria, más que a las condiciones de las regiones ultraperiféricas. Lo que se reclama es un régimen especial para la agricultura y también la pesca apelando al artículo 349 del Tratado de la Unión, el mismo que se está utilizando para defender una fiscalidad diferenciada en la España vacía del interior.