La herencia de Juan Ignacio Balada Llabrés incluía bienes inmuebles situados todos ellos en Menorca, el 100 por ciento de la sociedad Adalab –promotora inmobiliaria disuelta en abril de 2010–, valores mobiliarios cotizados en bolsas y depósitos bancarios. Según consta en la información pública de la Fundación Hesperia, el importe bruto de la masa hereditaria era de 10,6 millones de euros, pero descontando gastos y deudas se quedó en un neto de 9,8 millones de euros.
De esa cantidad se tuvieron que satisfacer impuestos, el pago más relevante fue a la Comunidad Autónoma balear, que ingresó 3.346.132 euros en concepto del Impuesto de Sucesiones. Eso implicó el pago aproximado de 330.000 euros por cada uno de los herederos, los entonces Príncipes de Asturias y ahora reyes Don Felipe y Doña Letizia, y los ocho nietos del rey emérito). Del activo de la sociedad Adalab se repartieron cerca de 273.000 euros para la Fundación Hesperia y 27.295 euros para cada heredero; los Reyes donaron a la fundación, para fines sociales, su parte, y la de los nietos, entonces menores, se debía decidir al alcanzar la mayoría de edad.
En cuanto a los inmuebles, los derechos hereditarios que correspondían a los Reyes fueron donados a la Fundación Hesperia y a los nietos del rey emérito, en la división de la herencia, se les adjudicó el antiguo domicilio de Balada.
De este modo la Fundación es la propietaria de todos los edificios, con la excepción del palacete de la plaza de Joan de Borbó, y estos se ponen a la venta siguiendo las instrucciones marcadas por el propio testador.
El patrimonio y la dotación de la Fundación Hesperia a 31 de diciembre de 2014 ascendía a la cantidad de 5,7 millones de euros, si bien en la cifra se incluían inmuebles que estaban por vender.
Proyectos
Desde que se creó en 2010 la dotación fundacional en efectivo se ha destinado a proyectos sociales. En 2011 la partida fue de 275.000 euros y en 2012 bajó a 100.000 euros. Actuaciones como la investigación y lucha contra las enfermedades raras, la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad intelectual en Menorca, la reconstrucción de un colegio dañado por el terremoto en Lorca, o la atención a familias con niños pequeños en riesgo de exclusión social. En años sucesivos se han concedido ayudas entre 25.000 y 45.000 euros anuales.