La portavoz de Junts per Lô en el Ayuntamiento de Alaior, Maria Camps, negó este miércoles que su grupo haya hecho un uso indebido o irregular de los documentos consultados vía informática y acusó al equipo de gobierno de querer desviar la atención de la ciudadanía de la consulta realizada sobre el centro de salud. «Cuando comenzó la legislatura se dio un error informático que nos permitió, igual que al resto de concejales y funcionarios, ver la vista previa de los documentos», explicó Camps.
Esa brecha en el sistema informático, y la inhabilitación de su acceso por parte del alcalde José Luis Benejam, tuvo lugar en agosto, sin embargo la información ha trascendido ahora, según la concejal de Junts per Lô, de manera interesada, como cortina de humo en medio del debate generado sobre la ubicación del nuevo centro de salud, junto al colegio Mestre Duran como prevé el gobierno municipal o el antiguo edificio de La Salle, como se eligió en la consulta organizada por la oposición. «No es más que una maniobra dilatoria de lo que realmente les pica ahora mismo, que es la consulta sobre el centro de salud, porque si no deberían haber dado a conocer esta información hace meses, y no lo han hecho hasta ahora», recalcó.
Sobre los expedientes a los que tuvieron acceso, Junts per Lô subraya que «eran consultables por el derecho a conocer aquello que afecta al municipio y sobre los que hemos de ejercer la función de representantes del pueblo».
Es una información que deben solicitar por escrito y pasar una serie de procesos burocráticos que, según la oposición, ya solicitaron evitar mediante la consulta digital. «Nos hemos cansado de pedirlo», señalan. En esa línea, el grupo político argumenta que todos los documentos que consultaron en vista previa, durante el tiempo en que falló el sistema, «igualmente nos hubieran sido cedidos pero unos días después y previa la intervención del alcalde y la secretaria, como así los obtuvimos después, ahorramos tiempo y trámites para conseguir lo mismo». Sobre el uso de dicha documentación, Junts per Lô asegura que lo ha hecho «con todo el respeto que hace falta» e insiste en que «tenemos un derecho funcional a consultar los documentos, reconocido por ley».