Autoridad Portuaria de Balears, en su Consejo de Administración del miércoles, en el último minuto, decidió suspender la aplicación a partir de enero de una nueva tasa a las empresas que realizan labores de mantenimiento y reparación de buques. Lo hizo después de una intensa protesta, principalmente en Mallorca, con la presentación de unas 200 solicitudes para suspender la aplicación. Los empresarios lo han definido como el «tasazo» de Puertos.
En el caso de Menorca se calcula que unas 15 pequeñas empresas y una decena de tamaño mayor resultan afectadas (en el conjunto de las Islas se calcula que son más de 400). La aplicación del tipo propuesto del 1,5 por ciento sobre la facturación podría representar en el puerto de Maó más de 80.000 euros.
La aplicación de la tasa se demora hasta el mes de julio. Lo que pide el sector es que se alcance un acuerdo para que la repercusión sea la mínima posible. Algunos empresarios consideran que esta nueva carga impositiva sobre la actividad náutica pone en riesgo la continuidad de pequeñas empresas y la competitividad de los puertos de Balears con relación a los de otras zonas de la costa española.
La suspensión por parte de Puertos de la entrada en vigor de la tasa el 1 de enero es interpretada por los empresarios como un reconocimiento a las dudas que se han plantado sobre la forma de aplicarse, específicamente sobre cómo debe calcularse la base imponible.
Reclamación y recurso
Uno de los grandes del sector náutico de Mallorca, Barco Proyectos Náuticos, se ha convertido en la punta de lanza de la oposición empresarial a la nueva tasa. La abogada menorquina Marta Vidal, del despacho Monlex Abogados, ha sido la encargada de redactar una reclamación ante el Consejo para la Unidad de Mercado y un recurso ante la misma Autoridad Portuaria de Balears.
Los argumentos son numerosos. Uno de los más destacados es que la tasa es distinta entre los puertos de las islas y también respecto a otros de la costa española, lo que afecta a la competitividad y a la igualdad en las condiciones de los empresas.
Además denuncian que ni Puertos del Estado ha tenido acceso al proyecto completo para poder informar, y lo que ha visto no contaba con memoria económica ni de sostenibilidad financiera. Tampoco se ha dado audiencia a las asociaciones de operadores y usuarios.
Los empresarios se quejan de que no se argumenta por qué se aplica cada tipo impositivo, ni se establecen los criterios para las bonificaciones y coeficientes correctores.