Los seis ayuntamientos de menor población discuten al Consell la aportación acordada 25 años atrás para el Servicio de prevención y extinción de incendios de Menorca. Los primeros reparos aparecieron en una de las últimas reuniones de alcaldes y algunos de estos no han tenido inconveniente en exponer sus diferencias en torno a un convenio insular que ha de renovarse antes de octubre.
El argumento compartido por Es Mercadal, Alaior y Sant Lluís es de carácter jurídico, «por ley los ayuntamientos pequeños no hemos de pagar por este servicio», coinciden Francesc Ametller, José Luis Benejam y Carol Marquès. Apelan al ejemplo de Mallorca, donde el Consell se hace cargo del coste de los ayuntamientos pequeños.
Ametller abunda en esa línea al recordar el papel de Diputación atribuido al Consell desde su creación para coordinar servicios municipales u ofrecer apoyo técnico para necesidades municipales. En esas tareas se inició, en efecto, el Consell de Menorca, que hoy tiene además una dimensión competencial de la Comunidad Autónoma.
La obligación de disponer de parque de bomberos es para municipios de más de 20.000 habitantes, Ciutadella y Maó. Pero en Menorca, por costumbre, «lo repartimos todo entre todos sin tener en cuenta que para los ayuntamientos pequeños supone un coste que resulta pesado, es dinero que necesitamos para otros servicios que sí son de nuestra competencia», declara Carol Marquès, alcaldesa de Sant Lluís.
La opinión la corrobora José Luis Benejam, alcalde de Alaior, «los ayuntamientos asumimos servicios que, aunque no nos correspondan, los mantenemos porque no existirían si no», señala abundando en el papel del Ayuntamiento como administración más cercana y la más presionada por la ciudadanía.
Ametller recuerda el ejemplo reciente sufrido por su municipio, «cuando la población bajó de 5.000 habitantes, la aportación presupuestaria del Ministerio cayó en 300.000 euros. Nadie nos socorrió entonces». Ha sido el primero en levantar la voz contra la aportación de los municipios pequeños para financiar servicios que no les compete.
Las aportaciones municipales se calculan mediante baremos que tienen en cuenta población y extensión del término y oscilan entre los 17.000 euros que paga Es Migjorn y los casi 100.000 de Alaior y Es Mercadal. Joana Escandell, alcaldesa de Es Castell, no se ha pronunciado a la espera de tener más información. Tampoco las de Es Migjorn y Ferreries.
Cristina Gómez
La consellera de Cooperación, Cristina Gómez, entiende que los ayuntamientos defiendan lo suyo y el caso particular de la rebaja financiera sufrida por Es Mercadal. En su opinión, se trata solo de un problema económico, no se discute el concepto.
Apunta que el convenio está ahora mismo prorrogado y el nuevo ha de ser adaptado a la nueva ley de contratación en el sector público. Algunos, como el de las perreras, ha salido adelante sin reparos municipales.
Confía en que se llegará a una solución, «lo iremos hablando en los próximos meses», dice, y se defiende con el mismo argumento, el Consell también financia servicios sin ser de su competencia. En todo caso, alude a la creación a medio o largo plazo de un tercer parque en Es Merdcadal -cubierto ahora con voluntarios- «porque la ratio y tren de salida desde Maó y Ciutadella no llega a las urbanizaciones del centro», un motivo en forma de caramelo.