El PP Menorca denuncia de nuevo que la gasificación de la Isla continúa sin una fecha fijada para su puesta en marcha «al ser retrasada por la izquierda». Es más, la secretaria general del partido y diputada, Asunción Pons, asegura que «PSOE y Més per Menorca han puesto toda clase de obstáculos y dificultades, obligando a la adjudicataria a constantes cambios en el proyecto que ellos mismos aprobaron, con sus aportaciones, en marzo de 2015».
Considera inaudito Asunción Pons que, cinco años después de la adjudicación, el Govern diga ahora que está tramitando los expedientes «con la máxima atención» y que el proceso se lleva a cabo con normalidad. La diputada recuerda que PSOE y Més fueron partícipes del proceso de adjudicación, y que entonces no mostraron reticencia alguna a este tipo de energía. Además apunta que Podemos, miembro del gobierno del Consell, solicitó la paralización del proyecto.
La secretaria general del PP Menorca denuncia que «después de haber participado en todo el proceso y haber aprobado la adjudicación, Més per Menorca presentó durante el anterior mandato 2015-2019, desde el gobierno del Consell, alegaciones contra lo que acordó y suscribió. Pura contradicción e incoherencia política».
«Podemos, que también forma parte del gobierno del Consell, ha solicitado la paralización de la gasificación de Menorca, mientras que el GOB ha presentado toda clase de alegaciones y recursos para impedir la declaración de ‘interés autonómico', cuestionando la utilidad pública del proyecto. Al mismo tiempo, los Ayuntamientos de Maó y Ciutadella, gobernados por la izquierda, se han opuesto a ubicar las plantas de almacenamiento y distribución del gas en suelo rústico. Todo han sido problemas, dificultades y rechazo a lo que habían aprobado cuando participaron en la adjudicación», declara Asunción Pons.
Manifiesta que «ha existido una evidente voluntad por parte de la izquierda de impedir primero y retrasar después la gasificación de Menorca, de manera que han perdido todo un mandato para implantar el gas natural, por lo que el Partido Popular exige responsabilidades al poner en riesgo una inversión de 30 millones de euros que ha de suministrar gas natural a 20 núcleos de población mediante una red que conectaría los cascos urbanos, los polígonos industriales y los principales núcleos turísticos de la Isla».