Un informe de idoneidad técnica de los proyectos, elaborado por los colegios profesionales, es una de las propuestas que lanzaron los arquitectos para solucionar el atasco en la concesión de licencias que se vive en Menorca. El colapso provoca la pérdida de inversiones y también de la paciencia de muchos profesionales que se sienten «fiscalizados» y torpedeados por los técnicos de las administraciones (algunos echaron en falta que no tuvieran voz en la mesa), tal y como dejaron claro en el debate celebrado en la sede de la demarcación del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears en Maó. Muestra de la preocupación de distintos colectivos (arquitectos, aparejadores, ingenieros) fue el enorme interés que despertó esta mesa redonda en la que también hubo representación de las instituciones; como público asistieron muchos afectados por la maquinaria burocrática en el día a día de su trabajo, y también políticos, entre ellos el alcalde de Maó, Héctor Pons, la consellera de Ocupación, Vivienda y Cooperación Local, Cristina Gómez, y la consellera del PP y exalcaldesa de Alaior, Misericordia Sugrañes.
Ese informe de idoneidad requeriría de una mayor comunicación, coordinación y confianza entre los proyectistas y los técnicos, algo que ahora no existe. Se trataría de hacer una declaración responsable y de ampliar el tipo de obras que pueden iniciarse bajo la responsabilidad de los profesionales, aunque «la última palabra la tiene la Administración», señaló Dámaso de la Cruz, representante de los ingenieros industriales. En su opinión, «falta una comunicación eficaz y productiva entre proyectistas y técnicos», y añadió «no creo que sea una cuestión de más personal».
También Miguel Ángel Sicilia, presidente del Colegio de Arquitectos Técnicos, abogó por ese tipo de acuerdos con los ayuntamientos. El de Maó, recordó, ha empezado a «trabajar en esa línea, está abierto a apoyarse en las entidades». Sicilia añadió que «debe haber más transparencia, saber en todo momento en qué estado está el expediente». El propio alcalde Héctor Pons tomó la palabra e informó de que este mismo mes se firmará un protocolo entre el Ayuntamiento de Maó y los colegios profesionales para revisar y consensuar cuestiones administrativas y criterios técnicos, pidiendo «empatía» a ambas partes. Y es que el problema desde el punto de vista de los ayuntamientos, el Consell y los técnicos cambia mucho.
El alcalde de Es Mercadal, Francesc Ametller, reconoció que «hay un exceso de normativa, es un escándalo», y consideró que «nos falta personal, no hemos podido asumir el repunte en las peticiones de licencias». Para Ametller, quien aseguró que la cuestión de las licencias «es de esas que me quita el sueño», es necesario un «plan de choque» que ayude a salir de este atolladero, un plan que pasa por contratar personal, algo inviable debido a la ‘ley Montoro', que obligó a los ayuntamientos a aplicar una estricta política de austeridad para reducir su deuda.
El presidente del COAIB en Menorca, Enric Taltavull, ve necesario «organizar un protocolo de actuación» y fijar «un criterio común de los ayuntamientos a la hora de solicitar informes». Añadió que el tapón en la concesión de licencias no solo es un problema de falta de recursos humanos sino de organización interna. «Hay que controlar los tiempos muertos y reducir la petición de enmiendas, porque todo hace crecer la bola de ineficiencia», afirmó.
El conseller de Economía, Miquel Company, aseguró que el Consell está a disposición de los ayuntamientos «aunque parezca que ponemos trabas, nosotros también debemos responder ante instancias superiores». Aseguró que «estamos dispuestos a crear un protocolo para mejorar la coordinación y la transparencia en la tramitación». Otro eslabón de este proceso son los constructores. El presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Promotoras de Menorca, José Olives, calificó el momento actual de «preocupante». «Las obras que están en marcha están acabando y hacen falta licencias de obras para mantener a nuestros trabajadores», explicó. Además los constructores afrontan una norma muy restrictiva de ruidos que les impide trabajar cinco meses al año, lamentó. En cuanto a trámite de las licencias, Olives opinó que el arquitecto debería ser como un notario, «con su firma debería bastar».