Para los servicios de playas el margen temporal para una eventual recuperación de la actividad tras la crisis de la covid-19 tiene un límite adicional. El que marcan las altas temperaturas. Su mercado es sumamente estacional, por mucho que puedan venir algo más de turistas en octubre o noviembre, no van a solicitar sombrillas, hamacas ni velomares. Para colmo de males, su mayor cliente potencial es el turista extranjero, el que menos posibilidades tiene de aparecer por los arenales este año.
Ante esta complicada situación, desde la asociación Concemenorca, integrada en PIME, Jordi Bosch explica que se han puesto en contacto ya con los ayuntamientos para pedir bonificaciones en los cánones que abonan para trabajar en las playas. De otro modo, su actividad durante lo que puedan salvar de verano será inviable, con un perjuicio elevado por la inversiones recientes que han realizado en material. Bosch comenta que la respuesta más habitual es que se está buscando una postura única para el conjunto de la Isla, como en otras muchas cuestiones relativas a paliar los efectos de la parálisis económica, sobre todo en la actividad turística. «Las empresas están preocupadas, pero tienen ganas de trabajar aunque sea poco tiempo y con pocos turistas», dice. Concemenora agrupa a una docena de sociedades, que no son las únicas de la Isla.
Desde el Ayuntamiento de Alaior explican que el asunto no es sencillo desde los puntos de vista económico y jurídico, ya que los cánones se han establecido en base a concursos públicos y son unos ingresos importantes para los consistorios. Comentan que en su caso están dispuestos a ser flexibles, aplazando los pagos con la idea de que las empresas no desistan de los contratos firmados. «Es un tema que nos preocupa y mucho», afirman.
Significativos contratos en servicios de playas tiene también el Ayuntamiento de Sant Lluís, desde donde explican que al estar en periodo de prórroga de las autorizaciones no tienen más remedio que mantener las condiciones si las ejecutan, por lo que deberán hablar con las empresas sobre si les interesa o no. En caso negativo, se podría optar por un contrato menor.
Desde Concemenorca entienden que este tipo de vicisitudes jurídicas son solventables si existe voluntad política.