Hasta en cuatro ocasiones, la última el pasado 22 de enero mediante una llamada telefónica, se ha dirigido el Defensor del P ueblo al Ayuntamiento de Es Migjorn Gran para requerir información sobre el Camí de Binigaus con el fin de investigar y esclarecer su titularidad, pero no ha obtenido respuesta.
Si bien la reivindicación de la titularidad pública del camino y la denuncia por parte de la Coordinadora en Defensa de los Caminos de Menorca surge años atrás, en el anterior mandato, el gobierno actual de la alcaldesa Antonia Camps, también ha recibido los requerimientos del órgano supervisor y no ha respondido. Según el concejal de Urbanismo, Ramón Verdú, no lo ha hecho porque se está a la espera de la aprobación del catálogo municipal de caminos por parte del Consell, y de que éste remita el documento de vuelta al Consistorio; también argumenta el edil la carga de trabajo de los servicios jurídicos municipales como causa del retraso en la respuesta al Defensor del Pueblo.
En una carta dirigida al colectivo que defiende el libre tránsito por el camino, Francisco Fernández Marugán, explica que no ha emitido aún una resolución sobre este conflicto porque no obtiene respuesta de la administración municipal. «Es evidente la falta de colaboración del Ayuntamiento», afirma, y advierte de que la comunicará a las Cortes Generales. «En el supuesto de que persista en su actitud (el Consistorio), el Defensor del Pueblo podrá considerarla hostil o entorpecedora y pondrá los hechos en conocimiento de las Cortes Generales en el informe anual que presenta ante ambas Cámaras parlamentarias», concluye.
La institución se dirigió al Ayuntamiento de Es Migjorn por primera vez el 14 de febrero de 2019, y después de esa fecha hubo requerimientos a alcaldía el 22 de mayo y el 14 de octubre de ese mismo año y el pasado 27 de enero, después de una llamada telefónica el 22, cinco días antes.
«Lo vamos a pelear»
El concejal Ramón Verdú, declaro este martes que cuando el catálogo de caminos sea aprobado por el Consell se llevará al pleno de la Corporación municipal, que decidirá sobre el reconocimiento de la titularidad pública. «Lo vamos a pelear», afirmó, «pero seguramente acabe en un contencioso con la propiedad y tendrá que ser un juez quien decida», porque la negociación con el titular del tramo cerrado, añade, «dice que es suyo».
La alcaldesa Antonia Camps, por su parte, negó que el Ayuntamiento entorpezca la labor del Defensor del Pueblo y aseguró que la secretaria municipal «está trabajando» para ofrecer esa respuesta que reclama Fernández Marugán.
Hostilidat i hostils son els membres i ses activitats de grups que rera una accio aparent bona pes poble sercan sa manera de que no sigui possible cap acord amb empresas turisticas o ramaderas per que limpacte huma del us public de passos i camins sigui compatible amb altres usos a aquests llocs. Tot per que es molt rentable politicament. I segueixen amb la mateixa cansoneta desde el gran exit del cami de cavalls. Un gran exit per els hotelers i un gran desastre ecologic per molts ecosistemas que estean protegits per el seu aillament. Estic segur que no els i agradara es comentari, ses veritats couen!