«Sentimos rabia y pena porque también existimos pero en esta situación nadie se acuerda de nosotras». Es el testimonio desolador de Margarita P., una de las centenares de las denominadas dones de fer feines de toda la vida que trabajan por horas acudiendo a casas particulares en los municipios de la Isla.
Las empleadas del hogar, abocadas a la economía sumergida a pesar de la ley de hace ocho años que regulaba la relación laboral de carácter especial del servicio de hogar y familia, han quedado en el más absoluto desamparo. No disponen de prestación del Estado y si no trabajan no cobran, «ni tampoco existimos» para poder reclamar alguna ayuda, apunta Margarita.
Aquella ley arrancó con fuerza. Establecía la obligatoriedad de la persona que contrataba a la limpiadora a darla de alta siempre que su jornada fuera superior a las 60 horas mensuales. Si no era así tenía que ser la propia trabajadora la que regularizara su situación para acogerse al régimen de la Seguridad Social.
«Cuando salió la ley se habló muchísimo y sí las hubo que fueron dadas de alta por las dueñas de las casas a las que acudían, pero a la larga no ha sido así», explica esta empleada de hogar, de Maó. Recuerda que a ella las propietarias de los domicilios a los que acude le dijeron «bueno, esto ya te lo arreglaras tú». Pero a la larga, el incremento en el precio de la hora, que en algunos casos pasó de 10 a 12 o 14 euros, no compensa los gastos, «los dueños no están por la labor, y a nosotras no nos sale a cuenta pagar la seguridad social», admite.
Margarita, de 50 años de edad, es limpiadora desde hace casi tres décadas. «Me gusta lo que hago, aunque me cueste desgaste físico y lesiones de vez en cuando». Explica que «he procurado al menos contar con un plan de pensiones para cuando me jubile, pero conozco a compañeras de profesión que están sin nada, sin ninguna ayuda para salir adelante y con el futuro muy negro».
La caída de la economía debido a la pandemia del coronavirus cuestiona su regreso a esta actividad que es su ocupación profesional, aunque sea sumergida, «esa incertidumbre nos mata», comenta entre sollozos, «porque si no trabajamos no vamos a cobrar nada», y muchas familias, también influenciadas por la crisis tendrán que prescindir de estas empleadas domésticas para reducir gastos.
«Utilizadas»
La limpiadora mahonesa, en nombre de sus compañeras, asegura que «no pedimos al gobierno que nos pague dada la situación en la que estamos todos, pero sí que es muy triste que no se dé la empatía que debería existir entre las familias para las que trabajamos que no entiendan que nos dejan fuera de todo». En este sentido, Margarita dice que «nos sentimos utilizadas, es como si nos hubieran usado durante tantos años cuando les convenía y ahora nos dejan completamente de lado».
Recuerda, por ejemplo, que «acudimos cuando nos piden que vayamos un día determinado porque tienen un compromiso y quieren que la casa esté mejor, o que no vayamos la semana que viene cuando se van de viaje, y ahora nos dicen que ya nos avisarán, todo es muy triste no ya por mí que tengo para vivir, sino para las desadores de aquí, de toda la vida a las que nunca se ha regularizado su situación y ahora no saben qué hacer».
La mayoría prefiere no hablar «por miedo a represalias, pero repito que existimos y no se nos puede abandonar como si no fuéramos nadie».