El Govern prepara una moratoria urbanística para impedir la construcción en amplias zonas de suelo rústico de las Islas y lo hará a través de otro decreto ley de medidas urgentes. Los partidos de izquierdas seguían negociando este jueves aspectos muy concretos de este decreto, pero la intención es que este mismo viernes reciba el visto bueno del Consell de Govern.
La norma también desclasifica suelo urbanizable no programado con una serie de requisitos muy específicos, como que tengan una vigencia superior a ocho años y que hayan aprobado el Programa de Actuación Urbanística con anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley de Urbanismo. También se desclasifican suelos de uso residencial, turístico a mixto con una serie de condiciones.
Uno de los propósitos del decreto es aprobar una norma territorial cautelar que impida la construcción en las áreas de prevención de riesgos, lo que afecta a gran parte del territorio de algunos municipios, como es el caso de Campos en Mallorca. La suspensión de licencias no permite autorizar la construcción de viviendas unifamiliares, por ejemplo, excepto las que estén vinculadas a agrupaciones agropecuarias. Con algunas excepciones, durará hasta que los consells establezcan nuevas normas de implantación de edificaciones y usos en suelo rústico mediante la modificación de los planes territoriales.
Viviendas unifamiliares
Para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, que no se permiten en Menorca pero sí en el resto de Balears, se rebajan los parámetros edificatorios.
La moratoria también afectará a terrenos a los que les falta alguno de los servicios esenciales, como el alcantarilla, la luz o la red de agua, para ser considerado urbano. La intención es dejarlos en suspenso y que sean los consells quienes decidan a partir de diciembre de 2021 la clasificación del suelo: urbano o rústico.
De hecho, la intención de esta norma suspensiva es poner las bases para acabar con este y otros problemas que están sin resolver desde que se aprobaron las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), en el año 1999.
Las DOT son la regulación básica urbanística sobre la que se sustentan después los planes territoriales de cada isla. El Govern quiere actualizar esta normativa con un retraso de más de diez años sobre la previsión inicial.