El borrador de decreto ley de medidas urgentes para la protección del territorio, que dejó este viernes sobre la mesa el Consell de Govern, pone de nuevo en el centro del debate una figura urbanística que ha dado ya quebraderos de cabeza al Consell: las áreas de reconversión territorial (ART). El texto contempla la reclasificación como suelo rústico de aquellos espacios considerados urbanizables y que en los últimos años no hayan avanzado hacia su urbanización. Esto puede suponer, en la práctica y si llegara a ser aplicable en las ART, la desaparición de los derechos edificatorios en estas parcelas, ya que en Menorca en suelo rústico no se puede construir vivienda de nueva planta.
Diversas fuentes aseguran que el impacto del decreto en entornos urbanos de la Isla es escaso o nulo, pero el borrador sí ha generado una inquietud en los últimos días por las ART, fórmula de esponjamiento en urbanizaciones recogida en el PTI que ha generado importantes litigios y sentencias adversas como es el caso de Son Bou.
El conseller de Ordenación del Territorio, Miquel Company, desde la máxima cautela de un análisis todavía temprano, afirma que los condicionantes que establece el último borrador hacen muy improbable que tenga algún efecto directo sobre las ART, y que, según interpreta, la última palabra sería del Consell. Defiende, de hecho, que las competencias en ordenación del territorio son del Consell y los ayuntamientos, y que en el caso de Menorca el trabajo de protección del suelo rústico ya se hizo de forma satisfactoria con el PTI. Alega que la norma no es aplicable si la inactividad es atribuible a la administración, por ejemplo. El PP de Menorca estima todo lo contrario, que la conversión en suelo rústico de las ART es perfectamente aplicable y que se generarían con ello importantes indemnizaciones, incluso mucho más altas que la conocida de Cesgarden.
El borrador incluye un punto que indica que estas reclasificaciones no pueden generar indemnizaciones, pero expertos jurídicos ya avisan que poca validez tendrá esto ante un juez si estima que se han violentado derechos edificatorios. Company asegura que, en el caso hipotético de que la aplicación del decreto generara compensaciones a los propietarios, estas recaerían en el Govern, que es quien aprueba la norma. Para el PP, la letra pequeña no evitará que los casos se acaben judicializando con un severo riesgo potencial. «Es inadmisible que esto pase una y otra vez», afirma, con los partidos de izquierdas.
El Consell ha intervenido in extremis para contribuir a demorar y pulir el decreto ley para asegurar que la desclasificación no conlleve disgustos. Pocos discuten que es una norma engendrada desde Més per Mallorca, con una visión centrada sobre todo en Mallorca.