La campaña que coordina el Govern para intervenir en situaciones de riesgo para la salud ciudadana ante la COVID-19 ha supuesto este fin de semana la realización de 62 inspecciones en zonas de ocio nocturno en las que se han levantado 38 actas a locales y 235 a jóvenes por hacer botellón.
De estas intervenciones, 24 se han producido en Mallorca (en Palma, Playa de Palma, Sóller, Puerto de Sóller y Pollença); 11 en Menorca, (Es Migjorn Gran y Ferreries); y 27 en Ibiza (Sant Antoni de Portmany, Santa Eulàlia des Riu, Sant Joan de Labritja e Ibiza, ha detallado la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización en un comunicado.
Los equipos formados por inspectores, agentes y técnicos han extendido 38 actas por incumplimientos relacionados con excesos de capacidad, distancia social, horarios y uso de mascarillas entre el personal de establecimientos de restauración, y también por prescindir de información al público y señalización adecuada. Se han extendido 16 actas en Mallorca, 11 en Menorca y 11 en Ibiza.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad han intervenido este fin de semana en varias aglomeraciones de jóvenes haciendo botellón en la calle, concretamente en Na Burguesa, Polígono Son Rossinyol, Parque de Sa Riera y Parque Wifi de Palma, identificando hasta 262 personas y levantando 235 actas.
Los datos corresponden al cuarto fin de semana de actuaciones de inspección, coordinadas por la Dirección General de Emergencias e Interior, para intervenir en situaciones que puedan poner en riesgo la salud ciudadana ante la COVID-19, con equipos formados por inspectores del Govern y los consells y agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales.
Desde el inicio de la campaña, han hecho 242 inspecciones en las islas y han levantado 146 actas de infracción, que pasarán a ser instruidas por las diferentes administraciones implicadas en las actuaciones para fijar si son sancionables y en qué medida.
La Conselleria ha recordado que esta iniciativa para garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en Baleares es posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: la Delegación del Gobierno del Estado, el Govern, los consells insulares y los ayuntamientos.
El Decreto Ley de régimen sancionador para los incumplimientos de las normas relativas a la COVID-19, en vigor desde el 10 de julio, enmarcará los expedientes iniciados en estas actuaciones. Las sanciones pueden llegar hasta los 600.000 · cuando se trate de infracciones muy graves.