La tecnología de sensores para el control en tiempo real de la ocupación de las playas que el Govern ha probado ya las últimas semanas en Ciutat Jardí (Palma) llegará a la Isla en los próximos meses pero con unas pretensiones ajenas a la gestión de la pandemia de la covid-19 y sus aforos limitados por cuestiones sanitarias. El Consell pretende echar mano de este recurso tecnológico, aunque con fines ambientales y con un objetivo marcado a mucho más largo plazo.
La consellera de Cooperación Local, Cristina Gómez, comenta que un sistema de sensores similar al empleado por el Govern con motivo de la pandemia formará parte del desarrollo del proyecto Smart Island, cuya implantación saldrá a licitación antes de finales de año. Así estaba previsto ya antes del covid-19. Se financia con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible, a través del cual se prevé que lleguen 1,3 millones de euros.
Gómez comenta que el uso de esta tecnología permitiría controlar el aforo de las playas de forma constante y actualizada para afinar su gestión medioambiental. En estos momentos, la afluencia de bañista a los arenales se contabiliza mediante el trabajo de campo que realizan desde el Observatorio Socioambiental de Menorca (Obsam), que se materializa en un informe anual. En paralelo, desde el portal de cartografía IDE Menorca trabajan ya para la actualización de las superficies de las playas, que ha variado en los últimos años. De este modo, se incrementa la precisión de los controles.
La semana pasada la Dirección General de Modernización y Administración General hizo partícipe a consells y ayuntamientos de los resultados del plan piloto en Ciutat Jardí. Entre otras cuestiones, se informó que la actualización se realiza cada uno o dos minutos, y que se activa un sistema de alarma si el aforo supera el máximo establecido. Una de las ventajas es que la información disponible se puede consultar en una página web, con lo que el usuario puede saber si un arenal está lleno o no en un momento determinado. Se establece como cifra óptima mínima una persona por cada ocho metros cuadrados.