Las dudas sobre la legalidad de unas naves que gestiona Marina Seca Ciutadella han sido uno de los motivos del retraso de la adjudicación definitiva del varadero de Ciutadella a esta empresa que es la que ha obtenido mayor puntuación, según la propuesta de la Mesa de Contratación.
La actual empresa concesionaria del servicio, Astilleros Lompart, registró el 16 de junio un escrito ante Ports IB en el que hacía referencia a la situación urbanística de las fincas que dispone Marina Seca Ciutadella para el hibernaje de embarcaciones «dando a entender que no disponen de licencia para desarrollar la actividad y que, por tanto, afectaría a la viabilidad económica de la oferta presentada», tal como informó el presidente de la Comisión de Valoración, Pedro Puigdengoles, y según reza en el acta de la Comisión celebrada el 19 de junio y que no se ha hecho pública hasta ahora.
Puigdengoles manifestó que se iba a requerir a Marina Seca la justificación de estas licencias de actividad dándole un máximo de diez días para remitir la documentación. Y según señala la empresa, «se presentó todo, las naves tienen licencia, todo está correcto», asegura lamentando todas las dudas que se intentan sembrar. Ports IB no se ha pronunciado. Todo apunta que a finales de mes habrá resolución de la adjudicación.
Las naves en cuestión se hallan situadas junto a la carretera de Cala en Blanes y en la entrada de Ciutadella.
Pese a esta solicitud de justificación de la documentación, Puigdengoles informó en la reunión que estos medios concretos «solo están valorados en un máximo de 2,5 puntos en la valoración técnica y, que por tanto, esta cuestión parece no afectar al orden de las valoraciones».
Tanto la UTE Varadero Port Ciutadella como Astilleros Llompart recriminaron a la Comisión que no contestara la solicitud de documentación, por un lado, y a las alegaciones formuladas, por otro. En este último caso, relativas al canon «temerario» ofertado por la empresa. El presidente consideró que «los informes económicos dan por respondidas las alegaciones una vez se han dado por válidas las ofertas». Según Astilleros Llompart «la Administración, Ports IB, intenta justificar lo que es lesivo para los intereses públicos». Y alega que las previsiones de facturación de la empresa «son irreales».