La próxima ley de la Reserva de Biosfera de Menorca incluirá pocas alusiones a planes de futura elaboración, ya que pretende ser una norma efectiva, ejecutiva. De hecho, el borrador, ya bastante avanzado, que se presentó esta semana al Consell Social contempla solo la redacción y aprobación de un único plan: el tantas veces reclamado plan insular de costa.
Este plan de ordenación de la costa constituye una vieja reclamación de las agrupaciones ecologistas y un objetivo reiterado de los partidos de izquierdas menorquines. Incluso hace diez años el Consell encargó su redacción a una empresa especializada, aunque el documento no se acabó materializando. El incumplimiento de plazos para aprobar este plan ha sido reiterado. Entre otras cosas, el plan de costas debe determinar las zonas de amarres y fondeos, con sus límites de capacidad.
El anteproyecto de proposición de ley está siendo elaborado por el jurista menorquín Ferran Pons Cànovas, de la mano del equipo de gobierno y diversos técnicos del Consell. El borrador está ya bastante perfilado, según se expuso ante el Consell Social. Se está planteando como un texto «ambicioso desde diferentes perspectivas», pero al mismo tiempo con «previsiones realistas» y que sea capaz de generar consenso, tanto en la institución insular como en el Parlament balear, órgano encargado de tramitar en última instancia la ley.
El documento recoge los principios que deben regir la Reserva de Biosfera. Detallará las competencias que deben ser transferidas al Consell para aplicarlos, así como regulaciones específicas para diversos ámbitos sectoriales que permitan una gestión diferenciada de la sostenibilidad. También se establecen las vías de financiación y un régimen sancionador.
En la presentación del borrador, se apuntó que la ley no se basa en «la autocomplacencia» por la situación actual de Menorca, puesto que existen problemas, carencias y dificultades que, más allá del contenido de la ley, requerirán el compromiso del conjunto de la sociedad insular.
Además de la financiación, se han abordado en el borrador «cuestiones complejas», como la citada transferencia de competencias al Consell, la intervención en el mar, el cambio climático, la educación y la investigación, o la calidad del aire. Una de las conclusiones a las que se ha llegado es que hay mucha normativa autonómica e insular que es válida para los objetivos de la Reserva, aunque ninguna hace referencia específica a ella.
Maite Salord
La vicepresidenta primera del Consell, además de consellera de Medio Ambiente y Reserva de Biosfera, afirma sobre la ley en ciernes que «el actual contexto social, económico y ambiental de la Isla nos plantea necesidades de regulación y actuación tanto en los aspectos ya consolidados como en los nuevos retos que se tienen que afrontar». Entre estos últimos, Salord destaca «la apuesta por la eficiencia energética y la descarbonización, la mejora de la gestión de residuos y de los recursos hídricos o la reducción de la contaminación atmosférica». La consellera destaca la importancia del trabajo que se está realizando con esta normativa, porque «no es una ley más, sino lo que nos ayudará a transitar el camino de Menorca hacia la sostenibilidad».