La modificación de la ley balear de carreteras a través del decreto 8/2020 para la reactivación económica abrió la puerta a la demolición de la estructura que debía regular el cruce de Rafal Rubí en la carretera general. El cambio normativo fue promovido por el Consell para derribar el puente que en 2015 quedó sin finalizar.
La solución técnica que se aplique en este punto la dará a conocer la consellera de Movilidad Francesca Gomis en el pleno del lunes. Hace tres meses se comprometió también en un pleno de la Corporación insular a dar a conocer en este plazo la decisión que se haya tomado.
Por ese motivo, ha solicitado una comparecencia voluntaria con el fin de explicar qué actuación incluirá el nuevo proyecto de reforma del tramo Maó-Alaior de la carretera general. Gomis no responderá hasta entonces si la solución será o no una rotonda a nivel como en su día defendió el ahora portavoz de Més, Miquel Àngel Maria.
Antes ha sido preciso rescindir el contrato con la anterior adjudicataria de la redacción del proyecto, Airtificial Intelligence Structures SA (antigua Inypsa). La rescisión ha sido aprobada en el Consell Executiu del día 5 con un coste de 10.117 euros por los trabajos realizados y una indemnización de 3.893, en total 14.010 euros.